20 mujeres uruguayas terminaron muertas porque nadie las protegió

Veinte mujeres fueron asesinadas en los primeros cuatro meses de 2010 por parte de sus cónyuges, ex parejas o personas del entorno familiar. La mayoría de ellas había denunciado ser víctimas de violencia doméstica, y sus casos estaban en la Justicia. Varios de los homicidas tenían medidas cautelares, es decir que no podían acercarse a ellas. ¿Qué falló? Si algunas de esas mujeres habían recorrido todos los caminos sociales, policiales y judiciales posibles para evitar continuar siendo blanco de violencia, ¿por qué terminaron muertas?
Las organizaciones de la sociedad civil apuntan con el dedo al sistema. ¿Falló la Justicia? Sí, terminantemente. ¿El sistema policial? También. ¿El sanitario? Seguramente. ¿El educativo? Por supuesto. ¿El parlamentario? También tiene su cuota. ¿El sistema social? Claramente. Y así se puede continuar enumerando a los diversos sectores públicos que conforman los tres niveles del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como los ámbitos privados vinculados, como puede ser el sanitario, entre otros, que deberían haber velado por esas 20 mujeres, algunas de las cuales recurrieron a todos ellos para evitar lo irreversible. En definitiva, fallaron los sistemas de protección.
Pero además, esas 20 mujeres -asesinadas a razón de una por semana- representan la punta de un iceberg cuyas dimensiones son escandalosas, según señalan desde la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. También el Servicio de Atención Telefónica a Víctimas de Violencia Doméstica de la Intendencia Municipal de Montevideo, así como el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, ofrecen cifras que revelan que la situación requiere de inmediato de políticas de Estado comprometidas, urgentes y vinculantes entre sí, expresan la socióloga Teresa Herrera, la abogada Rosana Medina y Mary Arias, co-coordinadoras de la Red Uruguaya que reúne a 34 ONG a nivel nacional.
Y exponen un ejemplo que descubre aún más el tema. ¿Qué habría sucedido en Uruguay si en los primeros cuatro meses del año se hubieran registrado 20 muertes por el deporte? Tanto desde lo público, el Ministerio del Interior o el Poder Judicial, como desde lo privado, los medios de comunicación, habrían generado tanto impacto que la sociedad no hubiera podido mirar hacia un costado. "En cambio, en violencia doméstica hay mucho discurso. No es que no reconozcamos los avances y que hay funcionarios muy comprometidos en todas las esferas, pero en este país la violencia doméstica no es aún una prioridad de política pública ni para los ministerios del Interior, de Desarrollo Social, Salud o Educación, ni tampoco para el Poder Judicial. Sin embargo, representa el segundo delito más denunciado luego del hurto, y el primero entre aquellos que atentan contra la persona. Realmente debemos sacarnos la careta y reconocer que estamos ante un problema gravísimo", afirma la socióloga Teresa Herrera.
Además de 20 víctimas, en el primer cuatrimestre de 2010 se registraron en el país alrededor de 5.500 denuncias de violencia doméstica, lo que representa 1.000 más que en igual período del año pasado. Por otra parte, los pedidos y consultas telefónicas de ayuda aumentaron sustancialmente, algo que ya se observaba en 2009 cuando se registraron 6.483, superando en casi un 20% el año anterior.
En números fáciles: a nivel nacional, se presentan un promedio de 45 denuncias diarias por violencia doméstica.
¿QUÉ PASA? Hasta hace un mes, desde las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la violencia doméstica y sexual se vislumbraba una sensación escéptica y decepcionada del sistema. Había entrado en vigor una ley en 2002, así como un Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica que partió en 2004 y culmina este año, y los avances en el combate no se registraban visiblemente, según expresaron las coordinadoras de la Red Uruguaya, Rosana Medina, Teresa Herrera y Mary Arias, así como la presidenta del Colectivo Mujeres de Negro, Jenny Escobar, la directora del Plenario de Mujeres del Uruguay (Plemmu), Ana Nocetti, y también otra experta en el tema, Andrea Tuana, licenciada de Asistente Social y diplomada en género.
Se apunta que se echó a andar un muy buen Plan, pero sin presupuesto. Por lo que se llega a 2010 sin gran parte de sus ítems cumplidos o medianamente implementados. "Para atacar el problema de violencia doméstica se necesita voluntad política muy fuerte, decidida y clara. Eso tiene que ir acompañado necesariamente de inversión y un presupuesto acorde. Ahí existe una gran laguna", señala Andrea Tuana.
Tanto Tuana, Escobar y Nocetti, como las coordinadoras de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica, coinciden en que los juzgados especializados fueron -en un primer momento- una muy buena respuesta, que se estaban generando medidas de protección, pero que, en los últimos tiempos, se ha visto un cierto deterioro, o retroceso, y desde la Justicia no se está respondiendo en forma adecuada. "Por esa razón le dijimos al presidente José Mujica que necesitábamos que lo declare como un problema de prioridad nacional", indica Mary Arias. "Eso significa recursos, presupuesto en todas las áreas", agrega Herrera.
Más recursos. La Justicia es lo primero, apuntan. Desde ese sistema, el ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, Ricardo Pérez Manrique, está de acuerdo que es necesario crear más juzgados especializados (como los dos que funcionan en Montevideo) y llevar adelante esa importante iniciativa al Interior. Fuertemente comprometido con el combate a la violencia doméstica, el magistrado reconoce carencias en ese aspecto, que se dan fundamentalmente por la falta de presupuesto para volcar en la temática. Pero aclara que el altísimo número de denuncias excede cualquier trabajo en un juzgado, y que es necesario recurrir a mecanismos intermedios para que las mujeres logren contención y ayuda sin llegar a la denuncia.

De todas maneras, Pérez Manrique reconoce que el seguimiento de las medidas cautelares son el talón de Aquiles de la protección de las víctimas por parte de la Justicia, y que falta aceitar por un lado la orden judicial que no llega a tiempo, y la Policía que no cuenta con recursos para hacer efectivas esas medidas cautelares. También, no existe la comunicación adecuada entre la Justicia civil y la penal, que en algún momento de ciertos procesos de violencia doméstica pueden entremezclarse.
Pero las representantes de la sociedad civil van más allá de las limitaciones del sistema judicial, y se refieren a un problema cultural. "La Justicia está funcionando mal, no está dando respuestas, pero lo que es peor aún: sigue revictimizando. Continúan habiendo jueces y juezas al frente con posicionamientos muy patriarcales que, en definitiva, terminan estigmatizando y desvalorizando a la mujer. Además de recursos, se necesita una voluntad política de la Suprema Corte para incluir este tema como obligatorio en la capacitación de los jueces", afirma Andrea Tuana.
SALUD Y EDUCACIÓN. Mary Arias y Rosana Medina tienen palabras similares para la escasa concientización que existe en la salud y en la enseñanza. "Todavía hay médicos que, frente a casos de violencia doméstica, miran para un costado. No quieren meterse", indica Arias.
El camino a recorrer aún es mucho más largo en la enseñanza. "¿Cómo es posible que en la universidad no se estudie el tema? No lo contempla la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales, Medicina ni Psicología", dice Teresa Herrera, y agrega que ni siquiera existen posgrados. "Eso es una gran parte de las falencias del Plan Nacional actual, ítems contemplados que no se han cumplido", añade Arias.
Y la enseñanza es para las expertas la base para combatir y prevenir la violencia doméstica a largo plazo. "Sólo generando otros modelos de convivencia, por fuera del patriarcal, es que vamos a superar los actuales", señalan.
Lo curioso es que el Plan Nacional contempla un mapa de ruta que, según los involucrados, es una herramienta excelente, pero que no está debidamente difundida. "Muchísimo personal docente no lo conoce o no lo sabe utilizar", aclaran.
Campañas. Desde el Plenario de Mujeres, que co-gestiona el Servicio Telefónico 0800 4141 conjuntamente con la comuna capitalina, la directora, Ana Nocetti, señala la importancia de las campañas sostenidas en el tiempo para combatir la violencia doméstica. Prueba de ello son las cifras que brinda: cada vez que se realiza una campaña, ya sea por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, o el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Doméstica, los pedidos de auxilio al Servicio aumentan en forma notoria. Su promedio mensual es de 500 llamadas.
Desde la Red Uruguaya, solicitan un pequeño presupuesto justamente para apoyar este Servicio Telefónico, ya que lo consideran esencial como forma de entrada de la víctima al sistema. "No se ha cumplido con el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, que estipula la obligatoriedad de implementar una campaña de comunicación para sensibilizar. Otras carencias son tan o más graves como, por ejemplo, que no hay tribunales especiales en el Interior, ni tampoco refugios para las víctimas. Las medidas cautelares no se cumplen y los jueces están omisos. Hay cada vez más denuncias, pero las respuestas no funcionan", finaliza la socióloga Herrera.
Tras la reunión con el presidente José Mujica, las organizaciones de la sociedad civil relacionadas a la violencia doméstica y sexual aguardan esas respuestas, de las cuales ya ha habido algunas señales (ver recuadro). Tras la muerte de 20 mujeres en 2010, comienza a recorrerse un nuevo camino en Uruguay.
Inmujeres tiene presupuesto
El Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica 2004-2010 marca, según Karina Ruiz, directora del Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), del Mides, un antes y un después en la historia del país en la implementación de políticas públicas que den respuesta a la violencia doméstica.
"Es una herramienta bien importante de articulación y trabajo entre las distintas instituciones como para que cada una asuma sus responsabilidades. Este plan nos permitirá pensar en la elaboración de un segundo, que retome las buenas prácticas del primero y ponga énfasis en los debes".
En cuanto a Inmujeres específicamente, Ruiz indica que hubo avances importantes. "A diferencia de otras instituciones, tiene una designación concreta de presupuesto para dar cumplimiento al Plan. Asimismo, actualmente hay 19 comisiones departamentales de lucha contra la violencia doméstica en todo el país, así como también 13 servicios públicos de atención a mujeres en situación de violencia en Montevideo y el Interior, mientras que en 2005 sólo existía uno. Están conformados por equipos multidisciplinarios con asistentes sociales, psicólogos, abogados, que permiten ofrecer una asistencia psicosocial y legal gratuita. En 2009 atendimos 1.200 mujeres, lo que representa casi un 10% de las denuncias a nivel nacional".
Próximamente se prevé la instalación de dos casas de breve estadía, una en Montevideo y otra en Salto, para mujeres que se encuentran en mayor riesgo. Y está implementado un proyecto piloto, junto al Ministerio de Vivienda, con subsidios de alquiler para mujeres que están en ese proceso de salida. "Se había detectado que la vivienda era un obstáculo, y se está dando respuesta. Es necesario fortalecer y ayudar a esa mujer, para que lo económico no sea un problema", dice Ruiz.
1.200
Mujeres fueron atendidas en 2009 por el Servicio Especializado de Inmujeres, Mides.
89% De los homicidios por violencia doméstica en 2009 fueron perpetradas por la pareja o ex pareja.
30-45 Años que tienen el gran porcentaje de las mujeres que solicitan asesoramiento en el Mides.
Teléfonos de ayuda
0800 4141 o *4141 (desde Ancel o Movistar). Servicio Nacional de escucha, orientación y derivación a personas en situación de violencia doméstica, a cargo de la Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo. También se atiende a terceras personas que soliciten asesoramiento para otras. La llamada es gratuita y no queda registrada en la factura telefónica. De lunes a viernes de 8 a 24 horas, y sábados y domingos de 9 a 20 horas.
400 0302 int. 1624,1628. Servicio Especializado de atención a mujeres en situación de violencia doméstica Inmujeres del Ministerio de Desarrollo Social. Asistencia psicológica y social, y asesoramiento legal, gratuitos.
900 0288. Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual.
0800 7263. Información Ministerio de Desarrollo Social.
0800 1929. Centro de atención a víctimas del delito y la violencia, de la Dirección Nacional de Prevención Social del Delito, del Ministerio del Interior. Asistencia jurídica y psicológica.
911. Emergencia, del Ministerio del Interior.
Surge la esperanza
El 13 de mayo las coordinadoras de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual se reunieron con el presidente José Mujica. Le solicitaron que declare esa causa prioridad nacional, anunciándolo en cadena televisiva; que los ministerios presenten un plan de trabajo al respecto y se integre a la agenda del Consejo de Ministros; y que el Presupuesto priorice las solicitudes del Poder Judicial referidas al tema.
El 8 de junio la Red anuncia una agenda de entrevistas con el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa; el ministro del Interior, Eduardo Bonomi; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak; y el ministro de Salud Pública, Daniel Olesker. Todas fruto del encuentro con el presidente Mujica.
El 16 de junio, Olesker anuncia la creación de un departamento específico de violencia doméstica en el MSP y Bonomi menciona el fortalecimiento de las unidades especializadas en el tema para trabajar en las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Convivencia.
En la misma semana, el Consejo Nacional Consultivo de Lucha Contra la Violencia Doméstica se reúne en el Ministerio de Desarrollo Social con el fin de coordinar acciones y definir un presupuesto.
La Ong Mujeres de Negro propuso ante la bancada bicameral otro eje para trabajar en violencia doméstica: los huérfanos de las mujeres asesinadas, y pidió un plan de gestión para atender a este núcleo. La diputada socialista Daisy Tourné se hizo eco de la petición y solicitó prestaciones sociales en sesión.
El compromiso de varios uruguayos
Rosana Medina
abogada y CO-COORDINADORA DE LA RED URUGUAYA CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL.
Mary Arias
CO-COORDINADORA DE LA RED URUGUAYA CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL.
Dr. Ricardo Pérez Manrique
MINISTRO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DE FAMILIA de segundo turno.
Teresa Herrera
socióloga y CO-COORDINADORA DE LA RED URUGUAYA CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL.
Andrea Tuana
lic. en trabajo social, diplomada en género y ex coordinadora de la red de violencia doméstica.
Karina Ruiz
directora del departamento de violencia basada en género de inmujeres del mides. (Informe de El País)