Fiscal de La Haya dice que "hace muchos años" que necesitaba la "ayuda" de Baltasar Garzón

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, aseguró que "hace muchos años" que necesitaba "la ayuda" del juez español Baltasar Garzón, quien fue contratado como asesor de ese organismo. Garzón, que está suspendido tras ser acusado de prevaricación por investigar los crímenes de la dictadura de Francisco Franco, "tiene una gran experiencia por la diversidad de casos que afrontó en los últimos 20 años", destacó en una entrevista publicada hoy por el diario Página/12, de Buenos Aires. "Sabe cómo investigar las relaciones entre el poder político y criminalidad y entre finanzas y criminalidad: no lo sabe en teoría, lo hizo", puntualizó.
En este sentido, Moreno Ocampo señaló que el juez español investigó tanto "la financiación" de la banda terrorista ETA y "sus relaciones" con Herri Batasuna, como a "los parapoliciales de los GAL, al fundamentalismo islámico e incluso a (Agusto) Pinochet", dictador de Chile.
"Hablamos muchas veces sobre estos temas, ya le había pedido ayuda una vez que fuimos juntos a Colombia para colaborar con el desarrollo del sistema nacional de investigaciones penales sobre crímenes masivos", apuntó.
Moreno Ocampo recordó que el Gobierno español "estuvo de acuerdo" con que Garzón trabajara como asesor de la CPI y remarcó que "nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario, si bien evitó comentar el proceso que se le sigue al magistrado por declararse competente para investigar crímenes de lesa humanidad del franquismo.
"Ya hay leyes, jurisprudencia y consenso sobre que las normas locales no se pueden oponer a los tratados internacionales", matizó.
Moreno Ocampo fue fiscal adjunto de Julio Strassera en el juicio oral y público que en 1985 dictó condenas de prisión perpetua y otros severos castigos a cinco de los ocho jerarcas de la dictadura milita argentina (1976-1983), entre ellos el ex general Jorge Videla.
Baltasar Garzón instruyó en España una causa contra Videla y otros militares y agentes de fuerzas de seguridad por secuestros, aplicaciones de tormentos y desapariciones de un centenar de descendientes españoles durante la dictadura argentina.