Un juez federal pone contra las cuerdas al alguacil de Arizona que azota a los latinos

Un juez federal ha encontrado fundamentos para sancionar a la oficina de un alguacil de Arizona, por haber destruido expedientes, como parte de una demanda que acusa a sus agentes de detener a innumerables hispanos sólo por su apariencia racial, en patrullajes para combatir la inmigración ilegal.
El juez de distrito Murray Snow se abstuvo de imponer las sanciones a la oficina del alcalde del condado de Maricopa, Joe Arpaio, en su fallo del viernes, pero sugirió que lo haría una vez que se resuelvan algunos asuntos relacionados.
Desde comienzos de 2008, Arpaio ha realizado 13 redadas de combate a la delincuencia y a la inmigración ilegal, realizadas por sus agentes y por cuerpos de voluntarios, que operan en un área de alguna ciudad _algunas veces en zonas con población predominantemente latina_ para buscar a infractores del reglamento de tránsito y a otras personas que cometan delitos.
El grupo de latinos que presentó la demanda contra la oficina de Arpaio señaló que los agentes basaron algunas de las detenciones de tránsito en la apariencia de hispanos que conducían vehículos, sin causa probable para ordenarles que se pararan. Luego, indagaban sobre su situación migratoria.
El Departamento de Justicia federal informó que investiga a la oficina de Arpaio por presunta discriminación, así como por realizar allanamientos y decomisos anticonstitucionales, pero no dio detalles de su investigación. El alguacil considera que la indagatoria se concentra en sus esfuerzos para combatir la inmigración ilegal.
Arpaio ha negado insistentemente que categorice por cuestiones raciales a los detenidos y ha señalado que las personas abordadas por las autoridades durante las operaciones han sido seleccionadas porque los agentes tenían causas para suponer que habían cometido delitos.
No fue sino hasta posteriormente cuando los agentes descubrieron que muchos detenidos eran inmigrantes indocumentados, ha dicho Arpaio.
Algunos agentes del alguacil han reconocido que borraron sus correos electrónicos sobre los patrullajes y han desechado y triturado expedientes sobre detenciones de tránsito hechas durante los operativos.
Snow dijo que la oficina del alguacil fue negligente por no conservar los documentos y que la incapacidad de preservarlos es suficiente para justificar las sanciones. El juez pidió que los abogados de los denunciantes sugieran "inferencias adversas" que podrían sacarse de la destrucción de los documentos.