Los militares hondureños serán juzgados en libertad por el golpe

Los más altos jerarcas militares de Honduras acusados de expatriar al presidente depuesto Manuel Zelaya tras el golpe de estado en su contra, serán juzgados en libertad, dijeron el jueves fuentes judiciales. Los miembros de la junta de comandantes de las fuerzas armadas, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez, son acusados por el Ministerio Público de los cargos de abuso de autoridad y expatriación durante el golpe perpetrado el 28 de junio contra Zelaya.
"Los miembros de junta de comandantes serán enjuiciados en libertad, el juez les dictó medidas sustitutivas para que se presenten a firmar un libro en los juzgados cada 15 días y no podrán salir del país mientras siga el proceso", dijo a Reuters el fiscal del Ministerio Público, Leonardo Orellana.
Los jerarcas castrenses comparecieron el jueves ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, nombrado juez especial para seguir el juicio contra los militares.
Los militares arrestaron a Zelaya en su residencia a punta de fusil y lo enviaron a Costa Rica cuando el mandatario se disponía a celebrar una consulta popular, prohibida por un juez, que abría el camino a la reelección presidencial.
Zelaya fue expulsado del país por los militares aunque la Constitución de Honduras prohíbe que los nacionales sean expatriados.
El mandatario depuesto retornó clandestinamente a Honduras el 21 de septiembre y se refugió en la embajada de Brasil desde donde reclama sin éxito su restitución al poder.
La defensa de los militares asegura que los imputados son inocentes y basa su defensa entre otros argumentos, en un llamado "Estado de Necesidad" y que se procedió a la expatriación previendo que si se hubiese quedado en el país se hubiera producido una situación generalizada de violencia.
El presidente de facto, Roberto Micheletti, que sustituyó a Zelaya, ha señalado que la expatriación fue "un error".
El presidente electo, Porfirio Lobo, designado en unas elecciones el 29 de noviembre y que asumirá el poder el 27 de enero aboga por la aprobación de una amnistía que beneficiaría a Zelaya y a los militares y políticos que participaron en el golpe.