Experto en Criminología duro con la jueza de Punta del Este que espulsa a uruguayos "indeseables"

El director del Instituto de Criminología, Luis Bibbó, advirtió que la Justicia penal a veces resulta inadecuada para resolver "conflictos a su cargo", y sostuvo que no corresponde apelar a los antecedentes de una persona para limitar su circulación.
Bibbó, en declaraciones a El País, se mostró en desacuerdo con la decisión de la Policía de Maldonado y de la jueza penal Adriana Graziuso de "expulsar" de Punta del Este a sospechosos de cometer delitos.
La decisión de la jueza Graziuso generó una polémica entre juristas que cuestionan esta medida y los operadores turístico que la apoyan.
La magistrada dijo a El País el 29 de diciembre que durante la temporada de verano llegan a Maldonado gran cantidad de personas con antecedentes penales y causas abiertas que, incluso al ser detenidos, confiesan su propósito de cometer delitos en la zona. "Muchos de ellos confiesan, al ser procesados por algún ilícito que cometen aquí, que su objetivo era delinquir", indicó.
Graziuso señaló que las medidas tomadas buscan prevenir el delito, para lo que aplica el nuevo código de procedimiento policial y la ley de vagancia del año 1941.
Por su parte, Bibbó sostiene que la temporada funciona como un llamador para estas personas que en el glamour puntaesteño ven incentivado su sentido consumista.
"No es casual que sea a propósito de Punta del Este que se esté dando esta discusión. Allí, en temporada, se concentran personas que tienen mucho y que muestran mucho lo que tienen. Creo que aquellos que exaltan el consumo y activan el deseo, no pueden después desentenderse ni asombrarse por las reacciones que despiertan en los otros", argumentó Bibbó, médico psiquiatra.
En ese sentido y enfocado en su rol de psicoanalista, Bibbó alertó sobre la "idealización de la justicia penal en el sentido de depositar en ella el poder de resolver todos nuestros problemas. El instrumento penal resulta absolutamente inadecuado para resolver una parte importante de los conflictos que se le encomiendan y sobre los que tiene competencia", sostuvo. Para Bibbó la exclusión social "opera antes de la intervención de los jueces pero ellos pueden después incrementarla, haciendo caer aun más el espíritu solidario".
Aclaró que "no se trata de defender a los ladrones sino de pensar y entender el fenómeno de la criminalidad como síntoma social que nos molesta a todos y que exige una respuesta efectiva", dijo. Bibbó subrayó que muchos estudios coinciden en destacar que la inequidad en la distribución del ingreso es "la variable que más se vincula con el aumento de la criminalidad, lo conflictivo no es ser pobre entre los pobres, sino la desigualdad".
"Las creencias colectivas, el nosotros y lo público han perdido valor y ya no son puntos de referencia. En paralelo, el producir mediante el trabajo ha dejado de ser una virtud en la cultura del consumo que, en su avance, fácilmente pasa por encima de la ley hasta llegar, insensiblemente, a la impunidad de algunos, con lo cual se establece otra modalidad de desigualdad ante la ley, conocida como corrupción", manifestó.
El especialista aclaró que considera legítima la preocupación de los residentes, comerciantes y autoridades de Punta del Este en torno a la necesidad de preservar la seguridad en el balneario.
"Tan legítima como en cualquier parte de nuestro territorio y no quiero desconocer con esto la singularidad de la zona, como polo económico, entre otros. No obstante, esta preocupación no puede validar la puesta en marcha de cualquier mecanismo", sostuvo Bibbó.
Asumió que en este contexto "las posturas polarizadas no ayudan" aunque "no hay que ser ingenuos o negadores pero tampoco dejarse dominar por la supremacía del control social".
El futuro ministro del Interior, Eduardo Bonomi, manifestó su acuerdo con la decisión de la jueza Graziuso en el sentido de que las expulsiones se producen como efecto de que la Policía detiene a personas que sabe se acercan a Punta del Este para producir ilícitos. "La Policía actúa porque está convencida de que están a punto de cometer un delito. Los agarran antes de cometer un delito y los pasan a juez", dijo Bonomi en la edición de Búsqueda del jueves 7 de enero.
Está previsto que Bonomi ocupe la cartera de Interior mientras se aprueba en el Parlamento la creación del Ministerio de la Presidencia.
Por su parte, el actual prosecretario de la Presidencia y futuro subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, dijo a El País el jueves 14 que es contrario a la expulsión de posibles delincuentes. "Yo creo que no hay que detenerlos porque supuestamente van a cometer un delito, hay que detenerlos cuando lo cometen. Hay que trabajar en la parte de prevención pero no podemos estar echando a la gente de todos los lugares. Capaz que en Punta del Este no le gusta la cara de alguno, pero el tipo tiene derecho a hacer playa donde quiera. Ahora si comete un delito...", afirmó Vázquez, quien sucederá a Bonomi cuando éste pase al Ministerio de la Presidencia.
El intendente de Maldonado, el frenteamplista Óscar de los Santos, también se manifestó en contra de la decisión judicial y advirtió que la medida puede generar un "ghetto" en el departamento. "A Maldonado llegan personas de todo el país, la inmensa mayoría en busca de trabajo, y eso no se puede medir en función de las apariencias porque no se puede transformar a Maldonado en un ghetto", dijo De los Santos en Brecha hace una semana.
No obstante, se mostró de acuerdo con utilizar "procedimientos legales" para evitar que los turistas sean "mangueados" o agredidos verbalmente. "La pregunta que se plantea es si estos problemas se combaten con políticas anticíclicas, de prevención, o empezamos a juntar en camiones a la gente que nos sobra y la tiramos al mar", indicó. También aseguró que no se puede medir a la gente que va a trabajar a Maldonado por su apariencia, porque también llegan organizaciones de "guante blanco" que no son "pobres diablos".
Apoyo de empresarios y abogados
El Colegio de Abogados de Maldonado emitió un comunicado en el que señala su "total apoyo a las resoluciones adoptadas" por la jueza Graziuso. La gremial alega que las medidas "no hacen sino procurar una mayor prevención y seguridad a turistas y población en general" y afirman su "absoluta convicción" de que han sido tomadas "en el correcto ejercicio de la función jurisdiccional y en aplicación de la normativa vigente en el país en la materia". Por su parte, la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, también se manifestó de acuerdo con la jueza. Los empresarios manifestaron su beneplácito por "los resultados obtenidos por la aplicación de las normas vigentes" por parte de los jueces en referencia a la prevención del delito y subrayan que la protección de la seguridad requiere la coordinación de todas las partes.
Penalistas contra la expulsión
El abogado constitucionalista y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Martín Risso, dijo a El País el 29 de diciembre que obligar a una persona a retirarse de un departamento "es una forma de restringir la libertad". Risso explicó que esa situación tiene lugar como consecuencia de la Leyes de Vagancia y Procedimiento Policial. Dijo que esta última tiene "una filosofía inconstitucional" porque restringe algunos derechos.
El abogado penalista e integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), Diego Camaño, dijo a El País que la resoluciones "parecería que no tienen base legal" porque "las personas tienen derecho a circular por cualquier departamento más allá de que tengan antecedentes penales". Camaño dijo que la ley de Procedimiento Policial es una norma "bastante mala" y eso queda demostrado en función de este tipo de situaciones, explicó el abogado.