¿Quién miente en Punta del Este?

Mientras a esta altura de la temporada son por lo menos 7 uruguayos que por disposición judicial debieron abandonar Maldonado (expulsadas), aunque otros reportes señalan que son 33, generando una inusitada polémica, tanto el empresariado local como el Colegio de Abogados de Maldonado manifestaron su apoyo total a la jueza actuante, doctora Adriana Graziuso.
La magistrada, en "aplicación de la normativa vigente, expulsó ya a varios ex delincuentes de otros departamentos que se instalaron en el principal balneario uruguayo sin techo ni motivos laborales, y sin contar siquiera con familiares en la zona. La decisión de la jueza Graziuso, que a fines de diciembre pasado expulsó del departamento a un adulto con antecedentes que llegó desde Montevideo y a un menor de edad, también con intervenciones del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) llegado desde Bella Unión, generó una polémica inusitada. Un sector de la población y todos los empresarios turísticos apoyan a la jueza, sin embargo hay juristas que entienden que la medida es violatoria de los derechos humanos.
Frente al debate desatado, el Colegio de Abogados de Maldonado emitió un comunicado en el que remarca "su total apoyo a las resoluciones adoptadas, en el entendido de que las mismas no hacen sino procurar una mayor prevención y seguridad a turistas y población en general, ante el inicio de la actual temporada veraniega".
El documento del gremio, firmado por el presidente Alvaro Diffiuri y la secretaria Cecilia Vega, también subraya la "absoluta convicción de que tales decisiones han sido tomadas en el correcto ejercicio de la función jurisdiccional y en aplicación de la normativa vigente en el país en la materia, sin violación de estatuto alguno que prime sobre dicha norma". También el empresariado de Maldonado y Punta del Este se manifestó a favor de las decisiones judiciales. Días atrás se celebró en la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, una reunión evaluatoria de la seguridad durante la actual temporada, en la cual se redactó un comunicado de apoyo a las acciones de la jueza Graziuso. Los empresarios, comerciantes y representantes de las distintas gremiales destacaron "los resultados obtenidos por la aplicación de las normas vigentes por parte de los señores jueces de Maldonado en referencia a la prevención del delito".
El comunicado concluye señalando que, "la protección del bien común requiere la actuación coordinada de todos los actores Públicos y Privados; en Maldonado se han logrado acciones integradas por parte de Policía, Prefectura, Intendencia Municipal y Comunidad, con el respaldo del Poder Judicial sin que ello signifique la violación de ningún derecho individual".
El comunicado fue firmado por las máximas autoridades de la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, la Cámara Empresarial de Maldonado, Cidem, la Cámara Uruguaya de Turismo, la Unión de Comerciantes de Maldonado, el Centro de Hoteles de la península, la Corporación Gastronómica, Attav, la Liga de Fomento de la Barra, Adipe y Procentro.
Pero todo este apoyo parece no tener ningún significado en la medida en que anoche la jueza durante una entrevista televisiva dijo "hay una gran confusión es todo este tema, no estamos expulsando a nadie". ¿Acaso la Suprema Corte de Justicia le tiró de las orejas a la blonda magistrada?