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CAUSA ABIERTA

Manifestación multitudinaria en Puerto Rico por despido de 20 mil funcionarios públicos

Manifestación multitudinaria en Puerto Rico por despido de 20 mil funcionarios públicos

La política de ajuste fiscal impulsada por la gobernación de Puerto Rico cosechó el rechazo de los sindicatos de trabajadores del sector público que protagonizaron este jueves una huelga general para exigir que se dé marcha atrás con una medida que dejó a más de 20.000 personas sin empleo.
La protesta sin incidentes se hizo visible en la capital, donde se realizó una masiva concentración frente a un centro comercial ubicado en una de las esquinas neurálgicas de San Juan.
Para el gobierno puertorriqueño, el apoyo a la huelga fue parcial ya que –según la versión oficial– los puertos, aeropuertos, el transporte y las reparticiones públicas estuvieron en actividad.
El sector sindical, en cambio, considera que se trató de una "jornada histórica" por al participación de la gente en la manifestación callejera a la que también se plegaron estudiantes.
Puerto Rico atraviesa una dura situación económica debido a una recesión local que se inició hace más de tres de años y se vio agravada por la crisis en Estados Unidos y sus efectos a nivel global.
Este diagnóstico es compartido por el gobierno de la isla y por los sindicatos que representan a los trabajadores. No hay coincidencia, sin embargo, sobre los modos de enfrentar el problema.
"Los huelguistas invocan que se le dé marcha atrás a la Ley 7, que es importantísima para poder subsanar un déficit de 3.200 millones de dólares", indicó el secretario de la gobernación de Puerto Rico, Marcos Rodríguez Ema.
En diálogo con BBC Mundo, Rodríguez Ema admitió que "una de las medidas, la que ellos están criticando, es una cesantía de aproximadamente 17.000 personas que se anunció hace una semana".
A esa cifra deben sumarse unas 4.500 personas que se quedaron sin trabajo, "para principios de mayo".
Sobre este caso, el secretario general de la gobernación precisó que "la inmensa mayoría eran trabajadores transitorios, eran contratos de corto tiempo que no fueron renovados".
"No se puede dar marcha atrás", aseguró Rodríguez Ema al responder al planteamiento de los sindicatos que se movilizaron este jueves.
"El gobierno tiene un problema fiscal muy serio, muy profundo y la alternativa que sería coger a todas estas personas de vuelta representaría una quiebra mayor del gobierno", explicó.
Diferente es la postura de las organizaciones que representan a los empleados que advierten, además, que esta medida puede agravar aún más la situación.
Para Dennis Rivera, presidente del sindicato de trabajadores de la salud de Estados Unidos y a la vez oriundo de Puerto Rico, "el problema es ideológico".
"El señor Luis Fortuño (gobernador de Puerto Rico) es republicano. Él, como Reagan, cree que el problema es el gobierno y que el gobierno tiene que hacerse más pequeño", afirmó.
Al hablar con BBC Mundo, Rivera afirmó que "el despedir a toda esta gente le representa al Estado US$368 millones, el gobierno de (Barack) Obama le acaba de dar US$4.500 millones a Puerto Rico".
El titular del sindicato de los trabajadores de la salud insistió en que, mientras la actual administración estadounidense "entiende que el gobierno tiene que intervenir para salvar la economía, la solución del republicano Luis Fortuño es hacer el gobierno más chico y que la empresa privada sea la que resuelva el problema".
Puerto Rico es un estado libre asociado de EE.UU. con casi 4 millones de habitantes y una tasa del desempleo que en agosto se ubicó en el 15,8%.
Para el sindicalista Rivera, el plan del gobierno "ha creado una situación de gran crisis en el país, particularmente porque eleva el desempleo a cerca del 20%".
"Una de cada cinco personas en Puerto Rico no va a tener empleo", sintetizó.
Según Rodríguez Ema, el gobierno "tiene una serie de programas extensísimos" de ayuda para la gente que no tiene trabajo y para que consigan nuevos puestos en el sector privado.
Desde el sector sindical, en cambio, Rivera dijo que "los economistas concluyen que no hay la más mínima posibilidad de que se puedan absorber esos trabajos en el sector privado, esto es completamente criminal".

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