Perú: "La Oroya se defiende"

La tensión vivida cerca de la minera Doe Run (EEUU), donde un policía murió en choques con mineros que bloqueaban una carretera, se disipó en la noche del miércoles, cuando una comisión del Congreso aprobó un plan ambiental que permitirá a la empresa reanudar operaciones tras tres meses de cierre. Los trabajadores aplaudieron cuando escucharon en la radio que en Lima la comisión parlamentaria aprobó un plan ambiental a 30 meses, lo que permitirá a Doe Run reanudar las operaciones, paralizadas en junio.
"La Oroya se defiende", "Derecho al trabajo", gritaban los trabajadores de esta población de 62.000 habitantes al enterarse de la aprobación parlamentaria.
Vladimir Huaroc, presidente regional de Junín (donde se encuentra La Oroya) dijo que "el Congreso ha reconocida la causa justa de La Oroya. Este es un triunfo de las empresa, es el triunfo del pueblo. Esta vez tenemos que ser vigilantes de esta ampliación del plan ambiental".
El acuerdo se dio tras nuevas escaramuzas el miércoles. Una marcha de trabajadores de la minera fue reprimida temprano por la policía con gases lacrimógenos y a bastonazos, lo que dejó un minero herido en la cabeza, dijo a la AFP Isaías Aquino, dirigente del sindicato de la empresa. "La situación está bien caótica; pedimos al gobierno que dé una solución rápida a este problema, la gente está enardecida", dijo el dirigente desde la Oroya, 180 km al este de Lima, a 3.750 metros sobre el nivel del mar.
Roiberto Guzmán, secretario general de los sindicatos metalúrgicos de la empresa, dijo a la AFP que "vivimos en medio del colapso social, económico y laboral que afecta a toda la región y de manera directa a por lo menos 10.000 personas". "Arrastramos este problema desde hace siete meses por culpa del gobierno que no fiscaliza y de la empresa que no cumple los plazos", dijo Guzmán, quien agregó que "hubo una represión policial a diestra y siniestra. Hay un trabajador herido que está grave".
No hay un balance oficial de heridos o detenidos. En la noche del martes, un policía murió de una pedrada en la cabeza cuando la fuerza pública intentaba desbloquear la Carretera Central -importante vía que conecta Lima con la región central del país- cortada por los mineros con troncos y piedras.
Los trabajadores reclamaban al gobierno otorgar un plazo de 30 meses para que Doe Run cumpla con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) a fin de reducir la contaminación en esa ciudad. Eso fue exactamente lo que aprobó la comisión del Congreso. El plenario tomará una decisión definitiva este jueves.
Doe Run, un importante exportador de metales que controla una refinería y una fundición en La Oroya y que pertenece al Grupo Renco de Estados Unidos, aduce que se enfrenta a dificultades por la crisis financiera mundial y la bajada de los precios de los metales.
En febrero, se le suspendió un crédito de un grupo de bancos extranjeros, lo que provocó primero una sensación de incertidumbre, hasta que la empresa se paralizó en junio, coincidiendo con el vencimiento del plazo para adecuarse a un PAMA que no podía cumplir.
La minera estadounidense, que debe unos 110 millones de dólares a proveedores mineros y dice no contar con los fondos para el programa medio ambiental, ha sido acusada reiteradas veces por el gobierno de tener una actuación poco seria.
La Oroya es una ciudad que depende de la actividad de Doe Run, donde trabajan 3.500 personas. "El cierre definitivo de la empresa crearía un grave problema social a toda la ciudad", dijo Aquino al subrayar que el Congreso debe aprobar que el plazo sea de 30 meses para que la minera concluya con el programa de protección al medio ambiente.
Considerada como una de las poblaciones más contaminadas del mundo, sobre todo por la concentración de plomo en el aire, sus habitantes afrontan el dilema de optar entre la salud y la necesidad de trabajar.