Uruguay alega en Corte de La Haya que la tecnología de Botnia es la mejor para el medioambiente

Uruguay mantuvo hoy en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que la tecnología usada en la celulosa Botnia (conocida como ECF) es la más eficiente para el medioambiente y que cambiarla a un sistema totalmente libre de cloro (TCF) no ofrecería ventajas. Así lo argumentó el abogado Neil McCubbin durante la segunda jornada en la que Montevideo se defendió de la demanda de Argentina por la construcción de la papelera Botnia.
McCubbin explicó que la tecnología usada en esta factoría -dióxido de cloro para el blanqueado de papel- requiere un menor número de árboles y de energía y agua que la TCF.
El letrado afirmó que la celulosa Botnia ubicada en Fray Bentos (en la ribera uruguaya del río Uruguay) "funciona con procesos modernos" acordes con los estándares europeos y basados en informes técnicos independientes.
"Argentina no ha presentado prueba alguna que rete esta conclusión", mantuvo el miembro de la delegación uruguaya.
Expuso que con esa tecnología, la planta Botnia vierte al río "un tercio del nivel" que los expertos de Argentina han señalado, con un valor de un miligramo por litro, como está permitido.
Apuntó que "solamente dos plantas celulosas de las 130 que hay en EEUU" usan la tecnología TCF y que "ni la más moderna de Europa" la aplica.
El profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico (California) Stephen McCaffrey sostuvo que al aprobar la construcción de la planta Botnia Uruguay siguió las directrices del Estatuto del río Uruguay y respetó el concepto de "desarrollo sostenido" del que habla ese acuerdo.
"Desarrollo sostenido significa respetar las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras", dijo el también letrado, quien remarcó que Uruguay "tuvo justamente en mente estos dos conceptos" al permitir la planta.
Afirmó que Montevideo "siguió un proceso de evaluación riguroso y completamente consistente con el Estatuto de 1975 (Estatuto del río Uruguay)" al planear la construcción de la planta, para lo cual se aplicó un análisis "meticuloso" de los impactos medioambientales de ese proyecto sobre el río.
Argentina elevó el conflicto sobre las papeleras a la CIJ en mayo de 2006, con el argumento de que el país vecino violó el tratado del Río Uruguay, firmado en 1975, cuando autorizó la construcción de dos plantas de celulosa en su ribera del río que divide a ambos países.
Para Argentina, Uruguay no se sometió a los mecanismos de información y consulta del tratado en casos de actividades con posibilidades de contaminar el medio protegido.
Según el estatuto del Río Uruguay, la administración de los recursos del río debe ser de los dos países.
Argentina reclamó la semana pasada en la CIJ el "cese de la actividad" de la celulosa Botnia, en funcionamiento desde 2007, así como la restitución de los daños causados por la papelera.
En principio estaba planeada la ubicación de dos plantas de celulosa, una de la finlandesa Botnia y otra de la española ENCE, pero la segunda decidió reubicar su fábrica en Uruguay en Punta Pereira, sobre la ribera uruguaya del Río de la Plata, para evitar problemas derivados del contencioso en La Haya.
Tanto Argentina como Uruguay solicitaron a la CIJ medidas cautelares que en los dos casos les fueron denegadas.
Argentina pedía que las obras de construcción de las papeleras se paralizaran hasta que el contencioso en La Haya llegase a su fin.
Uruguay pidió que el máximo órgano judicial de la ONU obligara a Argentina a paralizar los cortes de puentes internacionales que unen ambos países.