Chile: despiden autoridades de entes indígenas y crece violencia con los mapuches

Autoridades de organismos a cargo de las políticas indígenas fueron destituidas o reubicadas el jueves por irregularidades, en momentos en que la lucha de grupos de mapuches por recuperar tierras ancestrales y autonomía recrudece, con atentados incendiarios y ocupación de fundos. El ministro de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, recién encargado de los temas indígenas, anunció que saldrán siete directivos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), y un número que no precisó del programa "Orígenes".
Dijo que de ahora en adelante varios cargos ejecutivos se llenarán por la Alta Dirección Pública, un organismo encargado de buscar a los mejores en determinadas áreas, pero que a veces deja vacantes los cargos por falta de interesados, especialmente porque los salarios son más bajos en el sector público. Otros puestos se ocuparán por concurso público.
Viera Gallo dijo que los cambios buscan "aumentar la eficiencia en el trabajo de la institución" y, más adelante, crear una legislación "para que el país cuente con una institucionalidad adecuada a las demandas que tienen los pueblos indígenas, y al mismo tiempo con eficacia suficiente para realizar esas políticas".
Mientras se conocían los anuncios, un centenar de mapuches ocupó ilegalmente el jueves un fundo de la región de La Araucanía, unos 600 kilómetros al sur de Santiago, que con sus boleadoras impidieron que la policía los desalojara.
En uno de esos frecuentes desalojos, el 12 de agosto, murió el mapuche Jaime Mendoza Collío, por un disparo de un policía en la espalda. El policía alegó defensa propia porque, dijo, era atacado con perdigones, y fue respaldado por su institución.
Los mapuches, los habitantes originarios de Chile y que opusieron larga resistencia a la ocupación de los españoles, demandan la restitución de lo que consideran las tierras de sus antepasados y mayor autonomía.
Los últimos meses unas 200 de más de 3.000 comunidades indígenas han incrementado las presiones sobre el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que, básicamente, consiste en comprar tierras a latifundistas o a empresas forestales para entregárselas. Los precios han subido 2,7 veces el último año.