Suicidio asistido es un dilema nacional en Gran Bretaña

Las reglas sobre el suicidio asistido deben aplicarse ya sea que la muerte ocurra en Gran Bretaña o en países donde la práctica esté permitida, dijo el procurador general según el Daily Telegraph. Ayudar a morir a alguien es un delito en Gran Bretaña, pero pocas veces se abren casos judiciales. Decenas de británicos se suicidaron en la última década en clínicas suizas operadas por el grupo Dignitas, pero nadie ha sido acusado por ayudarles a viajar allí. La semana pasada el tribunal supremo británico ordenó al gobierno establecer reglas para determinar cuándo juzgar o no los suicidios asistidos. El director de juicios públicos Keir Starmer dijo a la edición del martes del Daily Telegraph que las pautas debían abarcar todos los suicidios asistidos, en Gran Bretaña o en el exterior. "Los mismos principios amplios se aplicarán", dijo según la publicación. "Deben aplicarse a todos los actos, dentro o fuera de la jurisdicción. No tendremos reglas separadas para Dignitas". En Gran Bretaña, quienes "ayudan, secundan, aconsejan o facilitan" el suicidio pueden recibir hasta 14 años de cárcel. Pero la ley rara vez se aplica y una serie de casos prominentes han provocado reclamos de un cambio legal. Debbie Purdy, una británica con esclerosis múltiple, acudió a la justicia para que aclare si su marido será acusado si le ayuda a viajar al exterior para poner fin a su vida. La semana pasada el tribunal supremo británico apoyó su pedido de que se aclarasen las reglas. Starmer dijo que emitirá una política interina el mes próximo y reglas amplias el año próximo. Pero agregó que no podía cambiar la ley para legalizar el suicidio asistido. Sólo el Parlamento puede hacerlo. "No todos tienen los medios de viajar al exterior para cometer suicidio, y debe tomarse una decisión política acerca de si algún suicidio asistido es legal", dijo Starmer. "El Parlamento debe adoptar esa decisión". Es improbable que ocurra pronto. Pese a evidencias de que las actitudes están cambiando, las recientes gestiones parlamentarias por cambiar las reglas fueron rechazadas y los políticos tienen pocas ganas de reabrir una cuestión tan controversial.