Las Naciones Unidas dicen que los seguidores de Zelaya están en un limbo jurídico en el lado nicaragüense

Los hondureños que llegaron en los últimos días al departamento nicaragüense de Nueva Segovia, fronterizo con Honduras, se encuentran en un limbo jurídico, según observó una misión del Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua. Un informe de esta misión que visitó esa provincia fronteriza los pasados días 29 y 30 de julio, al que hoy tuvo acceso Efe, señala que si bien las cifras no son precisas, se calcula que se trata de entre 600 y 800 hondureños. La misión, de la que formó parte Josef Merkx, representante de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Costa Rica, dice que la gran mayoría de los hondureños entraron a territorio nicaragüense bajo el acuerdo migratorio, conocido como CA-4, que les permite estar legalmente en Nicaragua 90 días. Otros hondureños han ingresado también a Nicaragua por puntos ciegos procedentes de localidades de Honduras como La Ceiba, San Pedro Sula, La Esperanza, Olancho y Tegucigalpa, entre otros. El oficial de Migración y Extranjería de Ocotal, Marlon Lobo, confirmó a la misión de Naciones Unidas que, hasta el pasado jueves, ninguno de los hondureños han solicitado la condición de persona refugiada. "Sin embargo, hay varias personas que se consideran 'refugiados' y hacen referencia a situaciones de persecución y represión de las autoridades de facto, incluyendo militares", agrega el informe. Añade "que los testimonios recogidos son ampliamente coincidentes en señalar diversas formas de violaciones de derechos humanos existentes en Honduras, a raíz del golpe de Estado (del 28 de junio pasado), que en muchos casos les han afectado directamente". En entrevistas realizadas por la misión a los hondureños se encontraron elementos que justifican que esta población requiere de protección internacional y que la figura de la condición de refugiado podría ser aplicada. En este contexto, señala el informe, es importante que el Gobierno de Nicaragua se pronuncie sobre el estatus legal de la población hondureña en el departamento de Nueva Segovia. "También pudimos observar el miedo que existe en la población de regresar a Honduras en este momento, porque temen que las autoridades de facto les tratarán mal sabiendo que estaban en Nicaragua", indica el informe. La misión recomienda definir el estatuto legal de la población hondureña en la frontera con Honduras, pero advierte que de aplicarse la ley 655 de protección para refugiados, se tendrá que activar la Comisión Nacional para los Refugiados (CONAR). "No cabe duda que la situación en Nueva Segovia tiene una relación con los planes políticos del (depuesto gobernante Manuel) Zelaya y su restitución como presidente de Honduras", expresa el informe, tras señalar que diariamente los hondureños se movilizan al puesto fronterizo de Las Manos para hacer manifestaciones políticas. La fuente enfatiza "la importancia de que Naciones Unidas no puede apoyar movimientos políticos y que el mandato de las agencias es estrictamente humanitario. Por lo tanto, la población que requiere de protección internacional tendría que alejarse de la frontera para asegurar que se mantiene el orden público".