Una inversora española reclama a Uruguay 383 millones de dólares por una expropiación

La empresa española Asesores Financieros Andalucía Occidental (AFAO) reclamó hoy al Estado uruguayo 383 millones de dólares por la expropiación de una concesión para construir una carretera y un puente, informaron sus abogados. La AFAO es propietaria de Bimper, accionista mayoritario de Consorcio Ruta 1, empresa que obtuvo la concesión para la construcción, conservación y explotación de un tramo de carretera entre Montevideo y Libertad, en el Departamento de San José, según afirman los abogados asesores de AFAO en un comunicado remitido a Efe. El proyecto incluía la construcción de un puente sobre el río Santa Lucía, que une los departamentos de Montevideo y San José. La "única contrapartida" para el concesionario era el derecho al cobro de peajes durante 17 años y medio, según el comunicado. La concesión fue cancelada en 2005 por el Estado uruguayo mediante una resolución ministerial firmada por el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. El ministro uruguayo de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo entonces que "una sucesión de hechos" llevaron rescindir el contrato suscrito con Consorcio Ruta 1, de la que también eran accionistas la empresa argentina Victorio Américo Gualtieri y la española Lain. Rossi también anunció entonces que el consorcio argentino-español perdió los 8,5 millones de dólares que había presentado como garantía cuando firmaron el contrato en 1998. Según el ministro, la obra debía estar terminada en el año 2000 y todavía continuaba en 2005. Entre los trabajos que el consorcio debía haber finalizado estaba tanto el puente, con un coste de 45 millones de dólares, como la construcción de la carretera, de unos 80 kilómetros. Sin embargo, ese mismo año Consorcio Ruta 1 expresó en un comunicado que un 96 por ciento de las obras estaban ya hechas, y alegó que la crisis financiera que vivió Uruguay en 2002 le triplicó los costes de las obras en dólares y le redujo a la tercera parte sus ingresos (por cobro de peaje) por la pérdida de valor del peso frente al dólar. En el comunicado remitido hoy por los abogados de la AFAO, estos aseguran que la expropiación se hizo "cuando restaban más de diez años y medio de disfrute de la concesión" y redujeron lo que faltaba por realizar de la obra a "un 3 por ciento del total, ejecutable en noventa días". Los letrados de la AFAO acusaron al Estado uruguayo de "asedio fiscal y administrativo", y manifestaron que Consorcio Ruta 1 fue privada del disfrute de su inversión, sin mediar indemnización o compensación económica alguna. Con la reclamación presentada hoy ante la Presidencia de Uruguay comienza un periodo de seis meses para intentar dirimir la controversia "de forma amistosa", afirman los abogados. "De no ser así, podría quedar abierto el camino a un procedimiento de arbitraje internacional, según el Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, al cual ambos países están adheridos", agregaron. Fuentes del departamento jurídico de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas de Uruguay consultadas por Efe declararon "no estar en condiciones" de comentar la situación.