Chile: Corte rechaza prisión preventiva a detectives vinculados a red de prostitución

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó hoy el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público para revocar la libertad provisional de los cuatro detectives investigados por su vinculación con una red de prostitución de menores descubierta en Valparaíso. Según informaron fuentes judiciales, el tribunal de alzada porteño confirmó la decisión del Juzgado de Garantía que determinó que los cuatro detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) procesados permanezcan en libertad durante los seis meses que dure la investigación judicial. Los policías, cuyos nombres aparecieron implicados en una red de prostitución infantil que operaba en Valparaíso, son Jimmy Gutiérrez, quién fue expulsado de la policía civil el año 2008 y condenado por torturar a dos sospechosos de robo; Alejandro Puga, hijo del ex jefe nacional de inteligencia Héctor Puga; Edgardo Uribe y Héctor Hernández. El fallo de la Corte establece que "las medidas cautelares decretadas aparecen como suficientes para asegurar la finalidad del procedimiento". El fiscal del caso, Pablo Avendaño, defendió la opción de dejar a los implicados en prisión preventiva con el argumento de que los policías son un peligro para la sociedad. En tanto, Héctor Petit, abogado de Hernández, Puga y Uribe, señaló que esta resolución permitirá a sus representados "plantear algo distinto" y "contar con la posibilidad de defenderse y demostrar una visión distinta respecto de cómo ocurrieron los hechos". Luis Felipe Ossandón, representante de Jimmy Gutiérrez, indicó que van a iniciar un trabajo en conjunto con el fiscal "para esclarecer los hechos, para delimitar bien las responsabilidades que corresponden de acuerdo a los antecedentes y cosas concretas y no a especulaciones o visiones parciales de la realidad, que lamentablemente en este caso han habido demasiadas". Según una investigación periodística televisiva, varios agentes de este cuerpo eran clientes habituales de dos locales regentados por un proxeneta conocido como "Charly" y mantuvieron en ellos relaciones sexuales con menores. El escándalo llevó al director de la PDI, Arturo Herrera, a presentar recientemente su renuncia. Los cuatro imputados en la causa fueron formalizados el 1 de julio bajo los cargos de denegar protección, facilitar la prostitución y obtener servicios sexuales de menores. En esa oportunidad se resolvió que los detectives deberán firmar todos los martes en el tribunal de garantía de Valparaíso, no podrán abandonar el país sin autorización judicial y tendrán prohibición de aproximarse a las víctimas y a sus familiares. A la nueva audiencia de formalización, fijada para el 5 de agosto, serán citados los cinco imputados que no concurrieron a inicios de julio, entre ellos el ex subcomisario de la PDI Héctor Guzmán, quien denunció la participación de detectives en la red de prostitución y luego huyó a Argentina.