Gobierno de Perú da marcha atrás con leyes de la selva y otorga salvoconducto al líder indígena

El Gobierno peruano dio marcha atrás en la crisis con las comunidades amazónicas al anunciar hoy un proyecto para derogar definitivamente dos de las controvertidas leyes de la selva, que generaron los violentos enfrentamientos que dejaron 34 muertos hace diez días. En una reunión de trabajo con líderes selváticos en la región Junín, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, aseguró que no defraudarán a los pueblos indígenas porque "los compromisos se cumplirán". Simon firmó un acta de entendimiento con los representantes de 390 comunidades indígenas en la que se compromete a proponer mañana al Congreso, a través de un proyecto de ley, la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064, conocidos como las leyes de la selva. Ambos decretos regulan el uso y explotación de los recursos hídricos y naturales de la selva, incluidos los recursos gasísticos, petroleros y madereros, y son contestados por los movimientos indígenas por su contenido supuestamente lesivo para ellos y porque, aseguran, no se respetan los mecanismos de consulta legales. El primer ministro destacó los resultados del diálogo "con los verdaderos representantes de los nativos, con los 'Apus', con la gente que tiene la voluntad real de solucionar sus problemas". El resto de leyes en disputa (ocho en total) serán evaluadas por el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que se instalará mañana, martes, en Lima. En el acta se acordó que las comunidades nativas levantarán el bloqueo de la carretera La Merced-La Oroya-Lima (nudo vital del país) por un lapso de cuatro horas diarias, hasta que se deroguen definitivamente los decretos legislativos. El estado de emergencia en la región Amazonas, donde murieron 24 policías y diez civiles, se levantará mañana, agregó Simon. El alcalde de la provincia de Bagua, en Amazonas, Luis Núñez Terán, que participa mañana en la reunión con Simon, dijo que el pedido de derogatoria de las normas abre el camino a "un mejor diálogo" con los aborígenes. "Ya hay un clima de pacificación en Bagua, pero había mucha preocupación por la posible continuidad del estado de emergencia y del toque de queda", dijo el alcalde a la agencia estatal Andina. No obstante, la presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organización amazónica que encabezó las protestas, Daysi Zapata, expresó sus dudas sobre las palabras de Simon. "¿Tantas vidas tenían que morir para que el Gobierno se dé cuenta de que las leyes estaban mal dadas?", se preguntó Zapata en un comunicado. Por su parte, el Partido Nacionalista Peruano, que apoyó a los pueblos indígenas en sus reclamos y protestó airadamente contra las leyes de la selva, saludó que se haya dado "marcha atrás". El portavoz nacionalista, Freddy Otárola, expresó su esperanza en que la presidencia del Congreso, que ocupa el oficialista Luis Velásquez, tenga el mismo tono dialogante que el primer ministro. "Esperemos que esto traiga paz a todos los peruanos y que verdaderamente se legisle con los amazónicos y con las comunidades", declaró Otárola al Canal N. En ese contexto arribará el martes a Lima el relator especial de la ONU para los Pueblos Indígenas, James J. Lenoir Anaya, por invitación del Gobierno peruano, según informó el canciller, José Antonio García Belaúnde. Su agenda, aún no definida, incluirá una visita a Bagua, epicentro de los disturbios. La tensión persiste en la andina ciudad de Andahuaylas, donde representantes de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la municipalidad intentan disuadir a los dirigentes gremiales que acatan un paro indefinido desde el viernes pasado. El aeropuerto de Huancabamba, cerca de Andahuaylas, está cerrado por la presencia de manifestantes, el tránsito de vehículos es restringido y los comercios atienden a puerta cerrada. A diferencia de Andahuaylas, estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y el Frente de Defensa de Ayacucho marcharon hoy pacíficamente por las calles de la ciudad del mismo nombre en solidaridad con la protesta amazónica. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores peruano informó que el Gobierno otorgó el salvoconducto al ex presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) Alberto Pizango, quien obtuvo asilo político de Nicaragua. Pizango se refugió en la Embajada de Managua en Lima el lunes 8 de junio, donde solicitó asilo después de que la justicia peruana abriera un proceso en su contra por el enfrentamiento entre policías y nativos en la región peruana de Amazonas que dejó un saldo de más de 30 muertos (24 policías y nueve civiles), según datos oficiales. "En la fecha, el Gobierno de Perú ha otorgado el salvoconducto al señor Segundo Alberto Pizango Chota, quien se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua en Perú", señaló la Cancillería en un comunicado recogido por la agencia Andina. Los juzgados de Bagua y Utcubamba formalizaron su denuncia contra Pizango por los presuntos delitos de instigación, secuestro, extorsión y disturbios, según informó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Amazonas, Oswaldo Bautista Carranza. Los indígenas comenzaron hace semanas una huelga para evitar que entrase en vigor la Ley Forestal, ya que consideran que dichas normas les "despoja" de sus territorios ricos en recursos naturales y que van en contra de sus intereses.