Informe 2009 de Amnistía Internacional reconoce avances en derechos humanos en Uruguay

"Se registraron algunos avances a la hora de llevar ante la justicia a autores de violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado, y prosiguieron los esfuerzos encaminados a anular la Ley de Caducidad. Se acusó a varios periodistas de difamación por informar sobre la impunidad de la que gozaban algunos autores de violaciones de derechos humanos. Siguió en vigor la Ley de Caducidad de 1986. Esta ley impedía la apertura de procedimientos judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad por delitos cometidos durante el gobierno militar (1973-1985). Sin embargo, el ejecutivo excluyó algunos casos contemplados anteriormente en la ley, lo que permitió el avance de las investigaciones.  En septiembre, Uruguay ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. "...el presidente Tabaré Vázquez vetó un proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos..."

Sistema de justicia: impunidad por violaciones cometidas en el pasado

 

Se citó a decenas de ex oficiales de las fuerzas armadas para que testificaran en la causa seguida contra el general Gregorio Álvarez, jefe del gobierno militar entre 1981 y 1985, y Juan Larcebeau, oficial de la Armada retirado. Ambos estaban acusados de haber sido coautores de las desapariciones forzadas de más de 30 personas. En octubre, el Tribunal de Apelaciones cambió el cargo de desaparición forzada por el de «reiterados delitos de homicidio muy especialmente agravados».

Prosiguió la investigación sobre el secuestro y la desaparición forzada –en 1976– de 22 personas devueltas a Uruguay desde Argentina en un avión de las fuerzas aéreas uruguayas.

En agosto se reabrió la investigación sobre la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman, cerrada en un principio en virtud de la Ley de Caducidad. La medida se adoptó como consecuencia de una petición que la hija de María Claudia, María Macarena, presentó basándose en nuevas pruebas según las cuales su madre se encontraba en el citado avión de las fuerzas aéreas uruguayas. María Macarena nació cuando su madre estaba detenida y se crió con otra familia sin conocer su verdadera identidad.

En Italia continuaron las iniciativas para procesar a oficiales uruguayos acusados de secuestrar y torturar a ciudadanos italouruguayos en el contexto de la Operación Cóndor, plan conjunto adoptado por los gobiernos militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980 para eliminar a quienes se les oponían. Uno de estos oficiales, Antranig Ohannessian, fue detenido en Argentina en marzo, poco antes de que otro, Jorge Tróccoli, quedara en libertad en Uruguay por no haberse solicitado a tiempo su extradición.

Libertad de expresión: periodistas

 

Se absolvió a varios periodistas de los cargos de difamación presentados por ex oficiales del ejército cuyos nombres habían aparecido citados en sus informaciones. En febrero, un mayor retirado presentó una demanda contra Roger Rodríguez, del periódico La República, por difamación e injurias. La demanda estaba relacionada con unos artículos en los que se vinculaba al mayor retirado con la muerte a tiros del estudiante Santiago Rodríguez Muela, ocurrida en 1972 durante el asalto a una reunión de estudiantes, docentes y padres en el Liceo n.º 8 de la capital, Montevideo. En abril, el tribunal archivó la causa, pero al finalizar el año estaba pendiente de resolución un recurso de apelación.

Derechos de las mujeres

 

En noviembre, el presidente Tabaré Vázquez vetó un proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos aprobado previamente por el Parlamento. El proyecto de ley permitía el aborto en las 12 primeras semanas del embarazo, así como en casos de violación y cuando corriera peligro la vida de la madre. Menos de un mes antes, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer había expresado su preocupación por el alto índice de casos de mortalidad derivada de la maternidad, cuya causa principal era la práctica del aborto inseguro.

El Comité criticó también a Uruguay por la ausencia de una definición clara y rotunda de la discriminación contra las mujeres en la legislación, y por las disposiciones discriminatorias del Código Penal. En 2005 se había presentado en el Senado una propuesta para reformar dicho código.