Vuelve la calma a Perú al replegarse los indígenas

Una relativa distensión parece instalarse hoy en Perú tras dejar sin efecto el movimiento indígena amazónico la decisión de aprestarse a la insurgencia, aunque sus protestas, iniciadas hace 38 días, continúan. La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, y el presidente de la Asociación Interétnica de la Amazonía Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango, acordaron ese repliegue ayer, tras un largo diálogo, en aras de una solución del conflicto. Pizango aclaró que la advertencia estaba referida a ejercer una especie de resistencia civil a las decisiones del gobierno, sobre todo la entrega de territorios selváticos a empresas, principalmente transnacionales, petroleras, mineras y madereras, sin consulta a los nativos. Por su parte, el gobierno dispuso que las fuerzas armadas actúen en respaldo de la policía en siete municipios amazónicos y el presidente García negó representatividad a Pizango y AIDESEP y validez a los reclamos aborígenes. El mandatario sostuvo que una minoría que vive en la selva no puede reclamarse dueña de esa región y que las riquezas petrolera, minera o maderera, pertenece a todos los peruanos. Al rechazar el anuncio de aprestos indígenas para la insurgencia, García acusó a los nativos de pretender independizar el territorio amazónico, lo que fue negado por Pizango y otros dirigentes. Los habitantes originarios reclaman la anulación de nueve decretos que facilitan la entrada de capitales privados a la selva sin consulta a los indígenas y que estos consideran que pueden causar la depredación de su hábitat ancestral.
En ese contexto, el líder de la Confederación General de Trabajadores, Mario Huamán, advirtió que García será responsable si hay violencia en la selva, donde continúan los bloqueos de carreteras y otras protestas. El historiador y analista político Nelson Manrique sostuvo que el presidente se ha puesto al margen de la ley al desacatar la Constitución y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al dictar nueve decretos rechazados por la protesta indígena.
Tales instrumentos jurídicos, indicó Manrique, reconocen los derechos de los nativos sobre sus territorios y el acuerdo de OIT, firmado por Perú, obliga a los estados a consultarles cualquier decisión sobre su hábitat.
"Las comunidades amazónicas tienen derechos totalmente reconocidos por nuestra legislación y por el derecho internacional; lo que ha hecho el gobierno es desconocer un conjunto de leyes que amparan el derecho de propiedad de las comunidades nativas de la selva", dijo.
Acusó al gobierno de pretender despojar a las comunidades amazónicas de los territorios que ocupan y que por ley les pertenecen, para entregarlos a las grandes transnacionales, objetivo expresado por García en un artículo titulado "El perro del hortelano". (Mundo)