Exiliados venezolanos presentan multimillonaria demanda en Miami contra el gobierno de Chávez

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y Citgo serán incluidas hoy en una multimillonaria demanda colectiva que exiliados venezolanos presentaron recientemente en una corte federal de Miami contra el gobierno chavista, por presunto apoyo al terrorismo y violación de los derechos humanos. Una enmienda a la demanda original por $1,000 millones, presentada en abril, busca ampliar a $5,000 millones la compensación a decenas de víctimas de la persecución política en Venezuela. Según el principal argumento dado a conocer el martes por el abogado Larry Klayman, de la organización Freedom Watch, el gobierno venezolano ha utilizado recursos financieros de PDVSA y Citgo "para financiar el terrorismo y promover violaciones a los derechos humanos''. "Es obvio que el presidente (Hugo) Chávez mantiene estrechas relaciones con grupos terroristas como las FARC de Colombia, Hamas y Hezbolá, y ha utilizado el dinero petrolero para financiar esas actividades'', dijo Klayman en entrevista con El Nuevo Herald. Agregó que Citgo proporciona ganancias al presidente Chávez y a funcionarios de su gobierno ‘‘no sólo para apoyar el terrorismo, sino para torturar y continuar violando los derechos humanos de su propio pueblo''. Entre los implicados en la demanda están Chávez y los generales Hugo Carvajal, director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), y Henry Rangel Silva, jefe de la Oficina General de Inteligencia, conocida hasta el 2008 como Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Carvajal y Silva se encuentran en una lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su colaboración con las guerrillas colombianas y grupos narcotraficantes. Klayman explicó que la demanda está basada en una ley estadounidense (Alien Tort Claims Act) que admite la jurisdicción de tribunales federales en casos de tortura y violación de derechos humanos cometidos fuera de la nación. A partir de hoy, tanto PDVSA como Citgo tendrán 20 días para responder a las alegaciones de Freedom Watch. Una vez que respondan, el juicio es inevitable, dijo Klayman. El Nuevo Herald no pudo obtener una reacción inmediata de Citgo a la demanda, luego de varias llamadas a su sede en Houston, Texas. Citgo, una subsidiaria de PDVSA, es propietaria de más de 12,000 estaciones de servicio en territorio estadounidense y ha financiado programas de suministro de combustible barato a comunidades pobres de ciudades como Boston y Nueva York, así como a localidades indígenas en Alaska. Ricardo Guanipa, que encabeza la demanda colectiva, dijo que por lo menos una veintena de personas buscarán compensación, la mayoría de ellas residentes en Miami. Guanipa, un periodista que se asiló en Miami al recibir amenazas de muerte cuando trabajaba para Radio y TV Martí desde Caracas, dijo que entre los demandantes está una mujer que fue baleada por supuestos sicarios luego de que su esposo denunciara irregularidades en empresas estatales. No es la primera vez que Klayman demanda al gobierno venezolano. En enero del 2003, cuando presidía Judicial Watch, demandó a Chávez por apoyar al grupo Al Qaida. Entonces, Klayman se basó en el testimonio de un ex piloto presidencial, el mayor Juan Díaz Castillo, asilado en Miami. La demanda nunca prosperó.