Uruguay: por primera vez se reconocerá por ley el terrorismo de Estado y violaciones a los derechos humanos

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un anteproyecto de ley por el cual se reconoce la responsabilidad del Estado en las violaciones a los DDHH cometidas tras el quiebre institucional de 1973, e incluso durante el período predictatorial. El proyecto promueve una reparación integral a las víctimas. El Estado uruguayo reconoce por ley el "quebrantamiento del Estado de Derecho en el período comprendido desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985", así como su responsabilidad "en la realización de prácticas ilegítimas" durante el período predictatorial "como consecuencia de la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad, en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional". El anteproyecto de ley admite, en este punto, la responsabilidad del Estado "en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social", desde el 13 de junio de 1968, día en que el gobierno del colorado Jorge Pacheco Areco implantó las medidas prontas de seguridad. Asimismo, la iniciativa del Poder Ejecutivo, "en atención a lo establecido por los artículos 72 y 332 de la Constitución de la República", reconoce "el derecho a la reparación integral de las personas (...) consideradas como víctimas de la actuación ilegítima del Estado en los períodos señalados". En tal sentido, el Estado promoverá una reparación monetaria cercana a los 40 mil dólares para familiares de personas declaradas ausentes por la Justicia, en situación de desaparición forzada o que hubiesen fallecido, a raíz o en ocasión del accionar ilegítimo de agentes del Estado". Además, supone una reparación de 30 mil dólares para los niños y niñas que "hayan permanecido por más de 30 días, con o sin sustitución de identidad" y unos 20 mil dólares, para "las víctimas que hubiesen sufrido lesiones gravísimas" por el accionar de los agentes del Estado. El Estado, a su vez, dispondrá el acceso gratuito de las víctimas a prestaciones de salud por los daños ocasionados por el accionar del Terrorismo de Estado, y su obligación de ofrecer "apoyos científicos y técnicos para la rehabilitación física y psíquica" de las víctimas. Además, se promoverá "acciones materiales o simbólicas de reparación moral" con vistas a "honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado" mediante la colocación de plaquetas recordatorias "en todos los sitios públicos" donde se hayan propiciados violaciones a los DDHH durante ese período. (La República)