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CAUSA ABIERTA

Salud en Uruguay: "escenario de catástrofe" y despido de 60 funcionarios en Casmu

Salud en Uruguay: "escenario de catástrofe" y despido de 60 funcionarios en Casmu

La Junta Directiva del Casmu resolverá el lunes el despido de 60 funcionarios que abandonaron los CTI durante los paros rotativos aprobados por el sindicato de la mutualista. En el marco de una indisimulada búsqueda de exoneración de posibles responsabilidades legales, la Junta Directiva del Casmu impulsó una serie de medidas formales, entre las que se incluye una intimación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para que decrete la esencialidad de los sectores más sensibles de la mutualista. En una misiva enviada ayer al ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, la Junta deslinda su responsabilidad ante posibles problemas asistenciales. "La Junta Directiva del Casmu, luego de haber movilizado todos los mecanismos que están a su alcance para normalizar la atención sanitaria, y a efectos de deslindar toda responsabilidad ante la falta de respuesta tempestiva a nuestro requerimiento de fecha 30 de abril de 2009, ha resuelto intimar, por este medio, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a (...) declarar los servicios esenciales que deberán ser mantenidos por turnos de emergencia, cuya interrupción determinará la ilicitud de la huelga", dice la carta. En los hechos esta medida pretende corresponsabilizar al MTSS ante posibles omisiones de asistencia en medio de la crisis, según informó una alta fuente de la mutualista. Un informe reservado de la dirección del CTI del Casmu, al que tuvo acceso El País, señala que es necesario realizar internaciones en otras mutualistas y suspender las coordinaciones quirúrgicas hasta que se alcance el número adecuado de auxiliares de enfermería. Según el informe, como consecuencia de los riesgos para los pacientes que generan las movilizaciones, los médicos están enviando más pacientes de lo acostumbrado para evitar caer en errores, lo que determina que la sección tenga cubierta el 97% de las camas. El informe dice que se está frente a un escenario de "catástrofe" y "pérdida de valores esenciales de la profesión médica y de enfermería". Por orden de la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, y del director general Jorge Basso, el MSP agregó el jueves documentación de su investigación administrativa realizada en torno a las medidas sindicales llevadas adelante por los funcionarios en los cuatro sanatorios del Casmu, donde se señala la existencia de un presunto caso de "omisión de asistencia". Esto no implica que el MSP haya presentado una nueva denuncia penal, sino que se agregó como un elemento nuevo en el expediente que tramita el juez penal Alejandro Guido

"El Ministerio de Salud Pública cumplió con el rol de policía sanitaria y constata situaciones en una institución de asistencia médica colectiva, ahora corresponde a la Justicia determinar si hay o no delito", dijo a El País el abogado de la Dirección General de la Salud, Gúmer Pérez, quien firmó el escrito presentado ante la Justicia

El Casmu también entregó al juez una ampliación de la denuncia penal por "omisión de asistencia" que había presentado la semana pasada.

En el nuevo escrito, "se volvió a insistir en que las causales que dieron origen a la denuncia no cesaron y que por el contrario proseguían las violaciones de las guardias gremiales", indicó a El País el abogado de la mutualista, Jorge Barrera.

Con la ampliación de la denuncia del Casmu, el juez Guido tiene en su poder una nómina de unas 60 personas que, según el Casmu, habrían incurrido en el delito de "omisión de asistencia".

La Junta Directiva del Casmu tiene previsto resolver el despido del total de los funcionarios denunciados por considerar que con el desalojo de los puestos de trabajo cometieron una falta ética de extrema gravedad que los inhabilita para trabajar en la institución.

La semana próxima, el juez Guido tiene previsto iniciar las actuaciones. Si bien en principio debería citar a las autoridades del Casmu para que ratifiquen la denuncian, ese paso podría ser obviado ya que se trata de un presunto delito que puede ser perseguido de oficio por el magistrado.

El sindicato Afcasmu continuará con el paro tras haber cobrado el 100% de los salarios del mes de marzo, y realizará movilizaciones durante toda la semana. La Junta Directiva entiende que no tiene deudas con su personal.

SMU pedirá otra reunión a Vázquez

 

En el marco de una reunión extraordinaria, el Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) resolverá hoy solicitar una nueva entrevista al presidente Tabaré Vázquez, para tratar la crisis del Casmu, dijo a El País el presidente de la gremial, Eduardo Ferreira. "Cuando se acude al presidente por un tema de salud es porque las jerarquías medias del gobierno no se han manejado como corresponde", dijo Ferreira, quien cuestionó que "ni la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, ni otros integrantes del gobierno nos han brindado mayor eco respecto a nuestros problemas". Ferreira añadió que la situación actual del Casmu "es muy complicada" y que ante coyunturas de ese tipo Vázquez "siempre nos atendió y nos dio luz a la solución de estos problemas, o sea que apelar nuevamente a la figura del presidente es el camino que vamos a tomar nuevamente".

Critican accionar de la FUS

 

El vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Trostchansky, fustigó el papel que la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) ha jugado en el conflicto del Casmu y responsabilizó al secretario general de ese gremio, Jorge Bermúdez, de "alimentar" la problemática por "motivaciones personales" de alcanzar "ciertos lugares" de poder. "Se critica el corporativismo médico, pero hay otros sectores que son más corporativos. Se está dejando atrás el interés colectivo, la atención de 240.000 socios, por intereses particulares", dijo a El País. "Bermúdez califica a todos los médicos como integrantes de una mafia del empresariado médico. Tendría que aclarar quiénes son los médicos integrantes de esa mafia. Nos preguntamos si esa adjetivación también alcanza al presidente de la República. Si es así, él como legislador debería denunciarlo al tribunal de conducta política del Frente Amplio". (Informe El País)

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