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CAUSA ABIERTA

El Estado uruguayo pedirá perdón por violaciones a los derechos humanos, a 33 años de los crímenes de Héctor Gutiérrez Ruiz Ruiz y Zelmar Michelini

El Estado uruguayo pedirá perdón por violaciones a los derechos humanos, a 33 años de los crímenes de Héctor Gutiérrez Ruiz Ruiz y Zelmar Michelini

El gobierno quiere darle sanción parlamentaria a la ley de reparación integral en la emblemática fecha del 20 de mayo, día en que se consumaron hace 33 años en Buenos Aires los crímenes de Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, Rosario Barredo y William Whitelaw. El proyecto llegará al Parlamento a fin de mes e ingresará por Diputados. Los diputados serán los que primero la analizarán en la correspondiente Comisión de Derechos Humanos. En el cronograma han venido trabajando integrantes del Poder Ejecutivo y algunos legisladores que conforman una comisión especial para la redacción del articulado, y se aspira que la ley esté aprobada el próximo miércoles 20 de mayo. No obstante, si los tiempos no alcanzaran, se procurará que, al menos, la iniciativa reciba ese día media sanción legislativa, en el mejor de los casos. Si durante su análisis la sanción de la norma se acelera, se establecería esa emblemática fecha como límite para que sea entonces el Senado el que la sancione y definitivamente y pase para su promulgación a manos del Poder Ejecutivo.

La ley de reparación integral, además de resarcir económicamente y en asistencia profesional a las víctimas y familiares de personas que padecieron la represión, integrará un capítulo referido al Estado uruguayo que se reconocerá como único responsable de los delitos de lesa humanidad. Concomitantemente con ese reconocimiento, el Estado ofrecerá su "perdón" y garantizará que nunca más se transitará por la vía de la excepción democrática.

Los redactores de la ley, tanto del Poder Ejecutivo como del Parlamento, han basado su argumentación en la Carta de las Naciones Unidas.

El 16 de diciembre de 2005, la Asamblea General de la ONU aprobó una serie de normas que fueron trasladadas a los países miembros con el fin de que los Estados establezcan en su derecho interno mecanismos eficaces para la ejecución de sentencias que obliguen a reparar daños.

La declaratoria de las Naciones Unidas agrega que "se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los artículos 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición".

"La restitución señala siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes".

"La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales"

"La rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales".

Otros elementos que establece la resolución de Naciones Unidas es la necesidad de búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad.

Reclama también que cada gobierno realice una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones.

33 AÑOS DE IMPUNIDAD

Cada 20 de mayo se realiza una marcha en silencio por el centro de Montevideo reclamando verdad y justicia. Ese día se recuerdan los asesinatos en Buenos Aires en 1976 de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, los militantes del MLN Rosario Barredo y William Whitelaw, y el médico Manuel Liberoff, este último hasta el día de hoy desaparecido. Michelini y Gutiérrez Ruiz residían en Argentina desde el golpe de Estado de 1973. El 18 de mayo de aquel año, con pocas horas de diferencia, ambos fueron secuestrados durante sendos operativos perpetrados por personal militar argentino y uruguayo. Ambos ex legisladores fueron conducidos a Automotores Orletti, centro de reclusión clandestino para decenas de uruguayos en Argentina, antes de ser asesinados. Ninguno de estos crímenes fue aclarado. (La República)

 

 



 

 

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