Colapso en las cárceles de Uruguay: el presidente Tabaré Vázquez ordenó traslado de reclusos a cuarteles en 15 días

El informe del relator de la ONU agotó la paciencia del presidente Vázquez. Ayer, al retomar los consejos de ministros tras su gira por China y Chile, Vázquez dio un ultimátum para que en 15 días comiencen los traslados de presos a cuarteles, a fin de descongestionar las cárceles. La destinataria principal de este ultimátum es la ministra del Interior, Daisy Tourné, ausente ayer en la sesión de gabinete donde el tema central fue la crisis carcelaria. Tourné creyó que los acuerdos ministeriales de ayer eran "fictos", dijo a El País el vocero de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, Enrique Rivero. La reacción de Vázquez se da además en medio de una nueva ofensiva de la oposición por la inseguridad pública. Desde el Partido Nacional, el precandidato Jorge Larrañaga reclamó la renuncia de Tourné, en tanto su rival en la interna, Luis Alberto Lacalle, responsabilizó al gobierno por el agravamiento de la situación. Tanto Larrañaga como Lacalle recordaron que desde el Partido Nacional se presentaron varias propuestas para combatir el delito, y que el gobierno hasta ahora ha hecho oídos sordos. En particular, Larrañaga mencionó la utilización de cuarteles militares para albergar presos y Lacalle un paquete de proyectos entregados en marzo de 2005, apenas iniciada la administración Vázquez. Según expresó ayer el presidente Vázquez en el consejo de ministros, el cuartel de Punta Rieles será uno de los primeros establecimientos militares a los que se trasladarán presos, luego que el ministro de Defensa, José Bayardi, le señaló que el edificio estaba acondicionado y sólo requiere de alguna construcción menor. El mandatario pidió además a todos los ministros que a la brevedad comuniquen los edificios que tienen disponibles para la ubicación de los reclusos, y advirtió que si en la órbita del Estado no hay locales adecuados, se deben "alquilar" inmuebles para comenzar a descomprimir la situación de hacinamiento de los reclusos. "Siempre nos preocupó la situación carcelaria, no es que lo hagamos ahora", dijo Vázquez en la reunión del Consejo de Ministros al recordar que una de las primeras medidas que adoptó fue aprobar la ley de Humanización Carcelaria durante la gestión del ex ministro José Díaz. Entonces fueron liberados unos 1.000 reclusos. Al año ya habían ingresado a las cárceles más reclusos que los liberados. No obstante, el mandatario hizo hincapié en el informe del relator de la ONU, Manfred Nowak, y ordenó en forma enérgica que rápidamente comience a concretarse el traslado de reclusos. En la reunión de ayer, la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, ofreció a Vázquez la Colonia Etchepare para "presos vulnerables" o "adictos". Vázquez valoró el planteo de Muñoz como una de las alternativas. El presidente es partidario de utilizar además todas las unidades militares que se puedan adecuar como centros de reclusión, para comenzar a separar a los presos primarios del resto de los reclusos. En una primera etapa se separarían a los condenados de los que aún no tienen condena. Según fuentes oficiales, en filas del gobierno el informe del relator de la ONU fue el detonante para que el mandatario resolviera poner fin a las dilaciones para que se concreten los traslados. "En estos cuatro años nos hemos dedicado a defender los derechos humanos y a ubicarnos ante el mundo como un país que respeta los derechos humanos, y ahora quedamos pegados por tener una de las cárceles peores del mundo y violar los derechos humanos", afirmó a El País una fuente del gobierno. Agregó que a Vázquez no le preocupó tomar algunas ideas de la oposición como es la utilización de los cuarteles, porque para el presidente lo más trascedente es la situación "critica" de cárceles. Ayer, tras reunirse con la ministra Marina Arismendi (Desarrollo Social) y la presidenta del INAU, Nora Castro, en un local de una cooperativa de Prado Norte, Tourné dijo que si la situación carcelaria se reduce al tema edilicio, "no vamos a dar en la clave de lo que es un país con una altísima tasa de prisionización que se agudiza año a año". Enseguida culpó a los gobiernos anteriores de agravar las penas a partir de 1995 cuando se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana. Tourné recordó que en el Consejo de Ministros del 23 de marzo presentó "lineamientos generales" para el descongestionamiento del sistema carcelario, lo cual incluía un proyecto de ley con medidas alternativas a la prisión. Anunció que se instalarán casas de "medio camino" para alojar a reclusos mayores de 60 años que ya cumplieron la mayor parte de la pena. "No hay solución mágica y única. La solución chilena (de privatizar las cárceles) es de un costo altísimo", dijo Tourné. Y agregó que la custodia de presos debe quedar en manos del Estado. (El País)