Abogado de Paysandú indagado por amenazar que llevaría caso a la prensa

Un abogado de Paysandú está siendo indagado por el delito de amenazas por haber afirmado en un escrito que presentó en nombre de una clienta que denunció en varias ocasiones una situación de acoso de parte un vecino, que si el sistema no le daba una respuesta difundiría el caso a través de la prensa.

El singular caso involucra al abogado Martín Flores y puso en alerta al Colegio de Abogados de Paysandú, que observa la indagatoria como un ataque al secreto profesional y a la libertad de expresión. Además de Flores, también está siendo indagada la mujer a quien representó.

El caso está siendo instruido por el juez Fabricio Cidade, que el miércoles 10 interrogó al profesional y a su clienta. La instrucción por el presunto delito de amenazas fue solicitada por la fiscal Estela Long, quien consideró agraviante el escrito en el que se hacía referencia a la posibilidad de dar difusión pública a la situación de acoso.

Como el Colegio de Abogados de Paysandú denunció a Long ante la Fiscalía General de la Nación por esta situación, en la audiencia intervino la fiscal Alicia Abreu, quien se pronunció por seguir adelante con la indagatoria pedida por su colega. El juez Cidade consideró inicialmente que correspondía clausurar el expediente, pero la postura de la fiscal subrogante obligó al magistrado a seguir la instrucción.

El Colegio de Abogados de Paysandú se reunió en asamblea para tratar la situación de Flores, y decidió institucionalmente brindarle asistencia letrada para ejercer su defensa, tarea para la que fueron designados los abogados Eduardo Piaggo y Gustavo Sabariz, secretario general de la gremial de abogados locales.

La situación de acoso que denunció la mujer que ahora es indagada con a su abogado por amenaza fue tal que su vecino –que falleció hace dos meses– fue procesado en octubre de 2015, luego de comprobarse que causó un incendio intencional en su casa.

El Colegio de Abogados de Paysandú emitió un comunicado sobre la indagatoria de Flores y su clienta en la que expresó su "honda preocupación por el desamparo" que esa instrucción implica para los "derechos individuales".

La gremial sostuvo que es "inadmisible" que se considere como un eventual delito de amenaza a la autoridad el hecho de que se anuncie de que se recurrirá a la prensa dado que esa figura requiere que haya un "daño injusto".

La investigación por el delito de amenazas afecta "las garantías fundamentales de los ciudadanos, comprometen el libre ejercicio profesional, menoscaban el secreto profesional, la libertad de expresión y generan desconfianza entre las víctimas del delito y los operadores jurídicos todos".