Uruguay presenta ante la ONU informe sobre los derechos de las personas con discapacidad

Los representantes de la Alianza de Organizaciones por los derechos de las Personas con Discapacidad del Uruguay ya están en Ginebra para presentar su evaluación sobre la implementación de la Convención internacional de esta materia.

"Derechos fundamentales para garantizar la dignidad humana son vulnerados y no se encuentran garantizados para las personas con discapacidad en Uruguay, tales como el derecho a una educación inclusiva, a la salud y al trabajo, entre otros. Incluso, el estado uruguayo no cuenta con un sistema estadístico de producción de datos e información que permita dar cuenta de forma efectiva y con calidad del nivel de inclusión de las personas con discapacidad en la vida social, laboral y cultural del país", afirma el informe alternativo que la Alianza de Organizaciones por los derechos de las Personas con Discapacidad del Uruguay presentará este lunes ante el  Comité de Naciones Unidas-

Uruguay ratificó en 2008 con la ley 18.418 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad firmada en abril del 2007 en Nueva York. El gobierno presentó el informe sobre el cumplimiento de esta norma internacional en 2013 y ahora es el turno de las 20 organizaciones y personas que forman la Alianza.

En el documento también señalan que el derecho a la salud "es crítica" entre las personas con discapacidad y "el acceso a una rehabilitación en condiciones dignas no está plenamente garantizada en el país".También consideran "preocupante" que rector en discapacidad , la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, "no cumpla con el criterio de independencia y autonomía establecido en el artículo 33.2 de la Convención al funcionar en la órbita del Poder Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Desarrollo Social".

Además, si bien el ordenamiento jurídico uruguayo prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad (ley 17.817, ley 18.651), la Alianza señala que las personas con discapacidad "están expuestas a continuas situaciones de discriminación en los distintos ámbitos de la vida cotidiana" y sostienen que ha "identificado que la discriminación constante que sufren las personas con discapacidad en Uruguay está vinculada directamente con la denegación de la implementación de ajustes razonables".

Tres representantes de la Alianza ya están en Ginebra para presentar este informe alternativo. Gabriel Soto, licenciado en Historia y presidente de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, junto a Germán Tourón de la Comisión de Juventud de la Asociación de Sordos de Uruguay y el Movimiento Todos en Acción, y Jesshie Toledo, colaboradora y técnica del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo inclusivo, manifestaron a La Diaria que están "muy entusiasmados con muchas expectativas" por lo que suceda en esta jornada.

Tourón declaró al medio que "hay muchas cosas que faltan" respecto a las personas con discapacidad y afirmó que "el gobierno a veces no ve esas cosas, quedan invisibilizadas, y falta mostrar más cuál es la situación, para que el medio se adapte a ellos". Toledo sostuvo en este sentido que son el colectivo "de los más relegados y de los más invisibles a nivel de las políticas públicas".

"En el informe que elaboramos, el tema que tuvo más extensión y costó mucho resumir fue el de la educación; es uno de los temas más complejos y también uno de los más importantes, porque la educación es la base para poder ser incluidos realmente, como cualquier ciudadano", explicó Soto por su parte.

En este punto, el informe sostiene que las "medidas adoptadas hasta ahora por el Estado en torno al derecho de las personas con discapacidad, no responden al paradigma de inclusión que plantea la Convención y las leyes vigentes Nº 18437 (ley General de Educación del año 2008), y la ley Nº 18651 del año 2010".

"El modelo actual seguido por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) mantiene la distinción entre escuelas especiales y regulares, y determina que aún hoy miles de niños y niñas con discapacidad asistan a escuelas especiales, reproduciendo así un modelo de segregación", afirma más adelante.

En este sentido, el documento señala una confusión conceptual en el paradigma "educación inclusiva". La diferencia más importante, sostiene, tiene que ver con la no distinción entre el modelo de integración y el concepto de inclusión correspondiente al paradigma de derechos humanos según la Convención.

"Hay múltiples dificultades que se presentan, pero hay que empezar por algo, por lo menos abriendo la cabeza a que la educación tiene que ser inclusiva y que tienen que existir las mismas oportunidades de preparación, y no solamente tener chicos dentro de las aulas, separados", afirmó Soto a La Diaria.

La Convención establece que los estados partes "asegurará un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida" con el objetivo de "desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana". También apelarán a potenciar  al "máximo la  personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas".

Para lograr hacer efectivo este derecho, los estados asegurarán que "las  personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad".
UyPress