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CAUSA ABIERTA

¿Lucha de poder entre los fiscales más mediáticos de Uruguay?

¿Lucha de poder entre los fiscales más mediáticos de Uruguay?

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, asistió a la Comisión de Constitución del Senado y dijo sentirse “anonadado” por manifestaciones de miembros de la Asociación de Fiscales respecto al proyecto de ley que busca crear como servicio descentralizado la Fiscalía General de la Nación e implantar un Estatuto de Fiscales de cara a la entrada vigencia el nuevo Código del Proceso Penal.

En el último mes, la citada Asociación y también el Colegio de Abogados se pronunciaron sobre la reforma y expusieron cuestionamientos en el Parlamento pese a haber formado parte del consejo consultivo que elaboró el proyecto.

Díaz cuestionó tales reparos y resaltó además la necesidad “imperiosa” de modificar el estatuto. Alegó que “si con el nuevo Código de Proceso Penal se separan las funciones pero se mantiene el estatuto de los fiscales a espejo del de los jueces, habrá un proceso más garantista, pero en materia de seguridad y de eficacia de la investigación no se va a avanzar”.

“Son funcionarios que tienen funciones absolutamente distintas y deben estar organizados de manera distinta”, sentenció, previo a responder a los cuestionamientos de la Asociación de Fiscales.

Según consta en la versión taquigráfica a la que accedió Telenoche, Díaz rechazó que el estatuto no reconozca derechos y solo imponga obligaciones y también se manifestó "sorprendido” porque se hable de “funcionarización” de los fiscales. Al respecto, recordó que “los fiscales son funcionarios públicos” e indicó que el cambio en tal sentido está en que “el pasaje al sistema acusatorio implicará trabajar en la oficina un mínimo de carga horaria”.

Por otra parte, respondió a la “pretensión” de la Asociación de referir al escalafón y a los fiscales como “magistrados” porque ningún artículo de la Constitución hace tal referencia y porque en un proceso acusatorio, “si a una de las partes le damos la investidura de magistrado –la misma que tiene el juez– estamos vulnerando la igualdad”.

En otro tramo de la comparecencia, rechazó un aditivo presentado por la Asociación a la Comisión, que apunta a que la Fiscalía General "proteja a los fiscales conforme con las leyes y reglamentos por los ataques, injurias o difamación que puedan ser objeto a consecuencia del ejercicio regulador de su cargo".

Díaz dijo estar en desacuerdo porque "cuando el fiscal actúa, tiene independencia técnica y el jerarca no le puede decir nada, pero cuando vienen las consecuencias de esa actuación, sale corriendo a pedirle al jerarca que lo respalde". "Me parece que el jerarca respaldará en aquellos casos en que entienda que tiene que respaldar y no respaldará en los casos en que entienda que no tiene que hacerlo", opinó.

Algunos integrantes de la Asociación de Fiscales consideran que el proyecto en cuestión le da al fiscal de Corte demasiadas potestades al autorizarlo a dictar "instrucciones generales" sobre los demás.

El presidente de la Asociación, Juan Gómez renunció ante tales cuestionamientos a su cargo en el gremio el pasado 10 de junio debido a su afinidad con Díaz. "Preferí, con cierto dolor, dar un paso al costado y que otras personas que no son tachables de afinidades ni nada siguieran con la vida de la asociación", expresó en diálogo con El Observador.

Según el citado medio, uno de los que defiende tal crítica es el fiscal Enrique Viana, quien no limita sus críticas en redes sociales a Díaz y al gobierno. Sobre eso último, Díaz manifestó en la Comisión que "debería haber en la nueva ley una norma que incorporara para los fiscales la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad política salvo el voto". "Sería muy oportuno sobre todo ahora que con el tema de las redes sociales, los límites están un poco difusos", añadió.

El proyecto analizado propone la creación de un servicio descentralizado bajo la tutela administrativa del Poder Ejecutivo, otorgándole al Ministerio Público el máximo nivel de autonomía que la Constitución permite.

El objetivo es crear un servicio descentralizado, cuyo ejercicio no será realizado directamente por el Poder Ejecutivo, al cual solo le está reservada por Constitución la competencia para designar al fiscal de Corte y demás fiscales de la República, previa venia de autorización otorgada por el Senado o la Comisión Permanente.

El proyecto también establece que la Dirección General del Servicio Descentralizado, Fiscalía General de la Nación sea ejercida por el fiscal de Corte y procurador general de la nación, siguiendo la unánime tendencia mundial de que este servicio esté dirigido por el fiscal o procurador general.

 

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