Gobierno uruguayo resuelve que las offshore deberán tener responsable local al operar

El gobierno exigirá que las sociedades anónimas constituidas en el exterior que operen en Uruguay tengan un responsable local con el fin de incrementar la transparencia contra el lavado de dinero y cumplir con la normativa internacional.

La disposición será incluida en un proyecto de ley en el que trabaja el Ministerio de Economía y Finanzas enfocado en el beneficiario final de las sociedades, dijeron a El País fuentes oficiales.

Dentro del gobierno se considera que desde Uruguay no se puede legislar para el resto del mundo, por lo que tampoco se puede prohibir que estudios locales abran sociedades en países como Panamá, pero sí se puede regular que cuando actúen o estén vinculadas con negocios en Uruguay tengan localmente "un estudio legal u otra referencia que pueda ser responsable", agregaron las fuentes.

La medida es parte de las exigencias del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), un organismo que evalúa la vulnerabilidad de un país al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Una misión del Gafilat llegará a Uruguay en 2019 para evaluarlo.

El presidente del Banco Central, Mario Bergara, había anunciado en mayo en un desayuno de Somos Uruguay, que el gobierno intentaría antes de esa fecha saber "quién se esconde" detrás de las sociedades offshore, y remarcó la necesidad de conocer al "beneficiario final". Es que en ese momento reveló que si bien el gobierno estipuló entre 2014 y 2015 cambios normativos que llevaron a que las sociedades con acciones al portador (las que no se sabe a quién pertenecen) registraran en el Banco Central quiénes eran los titulares de las mismas, entre las 25.900 que revelaron el dueño, algunos de esos titulares terminaron siendo "sociedades y, algunas, panameñas", dijo Bergara.

"Habrá que seguir entrando en esa información hasta llegar al beneficiario final, quién se esconde atrás de todas esas sociedades que en última instancia es el beneficiario final de todas las sociedades registradas", había dicho.

A raíz de la divulgación de los Panama Papers —información sobre personas y empresas propietarias de sociedades offshore constituidas a través del estudio panameño Mossack & Fonseca, algunas de las cuales están involucradas en casos de lavado de dinero— se conoció que Uruguay se encuentra entre los 10 países en donde operan más intermediarios de la firma panameña desde su fundación, en 1977.

Según los datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), Uruguay también integra el top 10 de intermediarios activos para establecer las sociedades offshore, ocupando en este caso la posición número 7, con 5.174.

Funcionarios de gobierno cuentan con sociedades offshore en Panamá. Incluso, Javier Vázquez, hijo del presidente de la República, creó a través de dos empleados dos sociedades anónimas en el estudio panameño Mossack & Fonseca, según publicó el semanario Búsqueda en base a la investigación internacional. La constitución de sociedades offshore es algo legal, pero en los últimos años se ha revelado que a través de las mismas se han concretado operaciones de lavado de dinero o evasión al fisco, por lo que generan polémica. El objetivo del gobierno es enviar al Parlamento el proyecto de ley antes de fin de año. El gobierno trabaja también en adecuar otras normas, como establecer el delito fiscal como precedente del lavado de dinero.
Comisión.

En el Parlamento, a pedido del Frente Amplio, se votó en el Senado la creación de una comisión especial con fines legislativos y no una investigadora por los Panama Papers, que prevé poner foco en aspectos sobre el secreto bancario y la normativa que lo regula. El senador Ruben Martínez Huelmo que fue quien llevó el tema al Senado, planteó en su momento poner el foco en la prevención del fraude y evasión fiscal, un relevamiento histórico de la situación del país a nivel internacional, la existencia de las SAFI desde la ley que las creó en 1948, la legislación impulsada por los gobiernos del Frente Amplio desde la reforma tributaria de 2007, las medidas a favor de la transparencia fiscal internacional, la ley 18.930 sobre la identificación de los accionistas al portador, la flexibilización del secreto bancario, y el intercambio de información fiscal automático desde 2017, entre otros capítulos.