López Mena a careo con el Brou; el empresario argentino podría ser procesado

El empresario argentino Juan Carlos López Mena podría terminar procesado cuando finalicen las instancias judiciales en febrero por su participación en la subasta de los aviones bombardier. Las versiones contradictorias entre el empresario y funcionarios del Brou deberán ser dirimidas en un careo.

En cada audiencia en el juzgado especializado en crimen organizado aparecen contradicciones o versiones que no coinciden totalmente en relación a cómo se tramitó el aval de US$ 13,6 millones en favor de la aerolínea española Cosmo para que ésta pudiera participar del remate de los siete aviones Bombardier de la exPluna y cómo se desarrolló el proceso previo a la subasta.

“Hay versiones que no cierran”, dijo una fuente cercana a la indagatoria que dirigen la jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez.

Mientras el presidente del Banco República, Fernando Calloia, y el funcionario que tuvo a su cargo la gestión del aval, Raúl García, dijeron que la tramitación corrió por cuenta del empresario Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus y BQB, éste sostuvo que su actuación se limitó a averiguar en qué sucursal debía retirar el documento el emisario de la aerolínea española, Hernán Antonio Calvo Sánchez.

García, incluso, al declarar como testigo el jueves, dijo que el 1° de octubre, el mismo día del remate, mantuvo dos conversaciones telefónicas con López Mena en las que el empresario le indicó cómo debía ser el documento y fijó como beneficiario al Ministerio de Economía en lugar del fideicomiso que organizó el remate.

A raíz de esa contradicción, es altamente factible que en febrero, cuando se reactive el caso tras la Feria Judicial, se realice un careo entre López Mena y García.

Calloia y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, están siendo indagados por la forma en que se tramitó el aval a Cosmo. Calloia, a pedido de Lorenzo, solicitó a García que el trámite se acelerara, cosa que llevó a que no se cumpliera con algunos pasos formales, como la constitución previa de la garantía, según dijo el funcionario del BROU en el juzgado.

Pero ayer se sumó otro nuevo elemento, ya que López Mena, cuando declaró el pasado 7 de diciembre, dijo que BQB (Cipreses S.A.) fue la única empresa que compró el pliego por US$ 5 mil para tener derecho a inspeccionar los aviones y sus libros de vuelo.

Por otro lado, el titular del fideicomiso que organizó el remate, Javier Liberman, quien declaró ayer como testigo, aseguró que el pliego lo compraron López Mena y también otras dos empresas.

Según lo que explicó Liberman en el juzgado, por las características de la venta del pliego, todos los compradores estaban al tanto de si había o no otros interesados, porque las consultas que realizaban los oferentes y las respuestas que recibían eran accesibles para el resto. Finalmente, las otras compañías que adquirieron el pliego no se presentaron a la subasta porque no constituyeron el aval.

López Mena adquirió el pliego que le daba a BQB derecho a inspeccionar los aviones, y luego lo cedió a Cosmo, empresa a la que él mismo puso en contacto con el gobierno luego de que autoridades del Poder Ejecutivo le pidieran que acercara interesados en los aviones.

Liberman dijo que en la etapa previa a la subasta en la que buscó captar interesados mantuvo contacto directo con el ministro Lorenzo y con su par de Transporte, Enrique Pintado. En ese momento se pidió a las embajadas de Uruguay en el exterior que buscaran oferentes.

Durante la audiencia de ayer, el fiscal Gómez hizo hincapié en por qué el aval de US$ 13,6 millones otorgado a Cosmo tiene como beneficiario al Ministerio de Economía y no al fideicomiso, como hubiera correspondido.

Al respecto, Liberman explicó que el punto fue advertido pero se entendió que se podía solucionar luego en base a una cesión desde el Ministerio de Economía, en función del asesoramiento jurídico que recibió el fideicomiso.

Si bien eso fue lo que ocurrió, el Banco República objetó la cesión del crédito desde la secretaría de Estado al fideicomiso, ya que la considera nula porque requería del consentimiento de Cosmo, que es el deudor principal. Y eso es, justamente, lo que está demorando el pago del aval.

Liberman también relató en el juzgado que días después de la subasta él le informó al ministro Lorenzo que la secretaría de Estado había sido designada beneficiaria del aval.

La audiencia de ayer fue la última de este año en el marco investigación por el aval a Cosmo en virtud del inicio de la Feria Judicial que se levantará 1° de febrero. Para 2013 se fijará la citación de Hernán Antonio Calvo Sánchez, el representante de la empresa española que participó del remate y que anteriormente trabajó para Buquebus en España.

Las audiencias realizadas en los últimos días fueron presenciadas por el abogado de Calloia, Gonzalo Fernández, y los defensores de Lorenzo, Amadeo Ottati y Mario Spangenberg.

El titular del fideicomiso que administra los bienes de la exPluna, Javier Liberman, informó ayer a la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y al fiscal Juan Gómez que del dinero del aval (US$ 13,6 millones) se pagarán los US$ 835 mil que le corresponden a la Asociación Nacional de Rematadores por haber efectuado la subasta del pasado 1° de octubre en la Rural del Prado.

Liberman dijo ayer en el juzgado que la decisión de pagarle a los rematadores con el dinero del aval la tomó él en su condición de fiduciario, dijeron fuentes del caso consultadas por El País.

En realidad, el pago de la comisión a la Asociación de Rematadores debía correr por cuenta de la aerolínea española Cosmo, que ofertó US$ 137 millones por los siete aviones Bombardier que pertenecieron a la exPluna. Pero, ante el desistimiento de la empresa de confirmar el negocio, es el fideicomiso el que debe cumplir con esa obligación.

El fideicomiso ya intimó judicialmente al Banco República para que pague el aval. El plazo de esa intimación, a la que también se plegó el Ministerio de Economía, vence el jueves 27.

La Asociación de Rematadores, en tanto, ya inició acciones judiciales contra el fideicomiso para cobrar la comisión de US$ 835 mil. La gremial planteó una conciliación, y la audiencia se fijó para el próximo 27 de febrero.

En esa instancia -que se realizará siempre y cuando no se cumpla con el pago antes de esa fecha- los rematadores buscarán cobrar la comisión o, en su defecto, acordar una fecha de cobro al contado o un calendario de pagos.

LAS CONTRADICCIONES SOBRE EL AVAL
Juan C. López Mena
El dueño de Buquebus y BQB dijo que su gestión en torno al aval por US$ 13,6 millones fue solamente para saber en qué sucursal debía retirar el documento el emisario de Cosmo, Hernán Antonio Calvo.

Fernando Calloia
PRESIDENTE DEL BROU

Contradijo la versión de López Mena y aseguró, al declarar en el juzgado, que el empresario tuvo una activa participación en el trámite, ya que fue él quien gestionó directamente el aval.
Raúl García

FUNCIONARIO DEL BROU
Confirmó los dichos de Calloia. El funcionario, que tuvo a su cargo la gestión del aval, dijo que habló por teléfono con López y éste le indicó cómo debía ser la garantía y fijó al MEF como beneficiario.